Justicia contará en 2023 con 2.304 millones de euros

El Ministerio de Justicia tiene asignados un total de 2.304,58 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023. De ellos, 2.197,36 millones de euros corresponden al presupuesto ordinario, lo que supone, un incremento de 159,63 millones respecto a 2022, un 7,83% más. De estos 2.304,58 millones de euros se incluyen 105,86 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedentes de la Unión Europea. El importe asignado a Justicia y al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asciende a 107,21 millones de euros (105,86 y 1,35 millones de euros respectivamente).

Las inversiones que se van a realizar son, por un lado, de 57,50 millones de euros, destinadas a proyectos tractores de digitalización como la inmediación y el nuevo Registro Civil y completa los 410 millones asignados para la digitalización de la Justicia. Es de destacar que, hasta la fecha, se han transferido a las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas más de 245 millones de euros, el 93,2% de los fondos. Estas transferencias han sido acordadas en cogobernanza con las CCAA en las diferentes Conferencias Sectoriales de Justicia, estando únicamente pendiente de transferirles 17,9 millones de euros en 2023.

Por otro lado, con un monto de 49,71 millones de euros, se destinará a la rehabilitación sostenible de 37 sedes judiciales en el Territorio Ministerio y en las CCAA, en la ejecución del Plan de Transición Energética en la Administración del Estado. En este sentido, la ministra ha destacado que “tenemos que empezar a entender la sostenibilidad no solo desde un punto de vista puramente ambiental, sino también como un elemento fundamental para la cohesión social y territorial, a través de un sistema interoperable dentro de la Administración de Justicia”. De los 2.197,36 millones de euros provenientes del presupuesto ordinario, Justicia ha destinado al Capítulo dedicado a gasto de personal, 1.785,68 millones de euros, lo que supone un incremento neto de 138,94 millones de euros, un 8,44% más respecto del presupuesto del ejercicio 2022. Entre los proyectos que contempla este capítulo se puede destacar la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, a la que se destinan 8,72 millones de euros; o la creación de 54 Unidades de Mediación, con un presupuesto de 5,78 millones de euros.

Dentro de este capítulo se contempla también la implementación de 27 Unidades Administrativas de Asistencia a las Víctimas, para lo que se han asignado 3,06 millones de euros. Esta última medida, como ha indicado la ministra de Justicia, Pilar Llop, “está alineada con el Plan Estratégico Justicia 2030 de facilitar el acceso a la Justicia de las personas más vulnerables, reforzando la protección a las víctimas y la asistencia y apoyo proporcionadas por las Administraciones Públicas”.

En cuanto al nuevo modelo de Registro Civil, está previsto que tenga una amplia implantación territorial en 2023. Igualmente, sobre el territorio, ya se trabaja en la implantación de la Oficina de Justicia en el municipio, una puerta abierta a la Justicia en cada municipio español. El Capítulo sobre inversiones reales, se ha dotado con 192,14 millones de euros, lo que supone un 10,32% más respecto al ejercicio de 2022, con una subida de 17,97 millones.