El Gobierno se cubre ante Bruselas con dos planes presupuestarios

El Plan Presupuestario de 2023, remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, recoge en un escenario 1 -que solo tiene en cuenta las medidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023- que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3% del PIB, ascendiendo a 587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Supone un ligero incremento respecto al 42,1% del PIB previsto para 2022.

Los impuestos alcanzarán los 344.627 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que supone un 7,6% más respecto a 2022. Esta mayor recaudación se debe al impacto de las nuevas medidas fiscales como la aplicación del tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, la entrada en vigor del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, y la introducción de medidas no tributarias como el nuevo gravamen temporal en los sectores energético y financiero. También están contempladas medidas de minoración de ingresos en 2023 como la reducción de los rendimientos del trabajo en el IRPF hasta 21.000 euros y la rebaja del IVA en los productos de higiene femenina. Las cotizaciones sociales crecerán al 4% en 2022 y un 6,8% en 2023, lo que refleja la buena marcha de la afiliación, la transformación del mercado de trabajo tras la reforma laboral y las buenas perspectivas del empleo para el año que viene. Por el lado de los gastos, el escenario asociado a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 contempla para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,1% sobre el PIB en 2022 y del 46,2% para 2023. De esta forma se consolida la reducción iniciada en 2021 tras superar el impacto de la pandemia. En este escenario, el año 2022 recoge el impacto de 10.000 millones de euros por las medidas adoptadas hasta la fecha para combatir las consecuencias de la guerra y de la crisis energética.

Este escenario contempla en la remuneración de asalariados el incremento retributivo del 2% ya aprobado para 2022 y el del 2,5% para 2023 -con posibilidad de un aumento adicional del 1% si se cumplen determinadas variables de inflación y de crecimiento del PIB nominal, como se refleja en los Presupuestos de 2023-. En este escenario no se recoge el incremento retributivo adicional del 1,5% para 2022 al no estar incluido en las cuentas públicas de 2023, ya que aún está pendiente de ser aprobado en breve por el Gobierno. El gasto en transferencias sociales aumenta y pasa de representar un 20,6% del PIB en 2022 al 20,8% en 2023. Ahí se recoge la revalorización de las pensiones, así como las prestaciones por incapacidad y otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital. Por otra parte, el Plan Presupuestario contempla un segundo escenario en el que se prevé la prórroga y adopción de nuevas medidas para combatir la inflación y mitigar su impacto en la mayoría social del país. En este escenario, se contempla un punto de partida de ingresos en 2022 mejor de lo esperado en base a los buenos resultados de la liquidación del IRPF y del Impuesto de Sociedades por el dinamismo del empleo y el crecimiento económico.

En este escenario, la ratio de ingresos públicos sobre PIB ascenderá al 42,9% en 2022 y la previsión de los impuestos se situará en 331.188 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. Esto supone un crecimiento de un 11,8%, pero una ligera ralentización respecto al 15,4% alcanzado en 2021. Por tanto, en este segundo escenario para 2023 se prevé que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supongan un 43% del PIB, ascendiendo a 597.265 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Los impuestos alcanzarán los 354.283 millones de euros, lo que supone un 7% más respecto a 2022, pero implicaría una ralentización de 5 puntos respecto a la estimación de crecimiento para este año. Ese menor crecimiento de los ingresos tributarios se explicaría por la potencial prórroga para 2023 de las medidas de rebajas fiscales en materia energética que se contemplan. También se recoge el impacto adicional de la limitación en la compensación de pérdidas en los grupos consolidados en el Impuesto sobre Sociedades, así como la recaudación derivada del impuesto sobre las grandes fortunas.

En este segundo escenario los gastos alcanzarán para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,9% del PIB en 2022 y del 46,9% para 2023, consolidando así la tendencia descendente iniciada tras el estallido de la pandemia hace dos años. El gasto público de 2022 contempla el paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez, que refuerza del bono social térmico y crea una nueva tarifa regulada para las calderas en las comunidades de vecinos. Para 2023 se recoge la previsión de prorrogar algunas medidas adoptadas para mitigar el impacto de la inflación.