Los contribuyentes pierden cada vez más litigios tributarios y pagan costas

El porcentaje de estimaciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) es relativamente bajo, en 2019 y 2020 la tasa se situó en un 24% y la tendencia desde 2015 es ligeramente a la baja, según los datos aportados por el Informe sobre la Justicia Administrativa 2022 del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid.

Explica en su análisis el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez que el porcentaje de estimaciones de los Tribunales Económico Administrativos Regionales (TEAR) y Locales (TEAL -para Ceuta y Melilla-) es notablemente superior al del TEAC, situándose -con muy leves variaciones interanuales y con una leve tendencia al alza- en el 40 % de las resoluciones totales. En 2019 las estimaciones repuntaron y en 2020 han sobrepasado claramente el 20%. En lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades (IS), el porcentaje medio de estimación supera el 20%, con un comportamiento homogéneo y al alza, desde 2009.

Tribunales contencioso-administrativos

En cuanto a los tribunales contencioso administrativo, los datos parecen corroborar que a más cuantía, menos posibilidad de obtener una sentencia estimatoria. En 2021, los datos de menor cuantía están muy influidos por el impuesto de plusvalía municipal (IIVTNU), por lo que la tendencia se aprecia mejor si se comparan los datos del segundo tramo (entre 25.000 y 450.000 euros) con los del tercero (más de 450.000 euros). En el segundo la estimación asciende al 46%, frente al 26% del superior.

En 2021 se ha dado un fuerte descenso en el nivel de estimaciones en casación (por debajo del 30%). A diferencia de años anteriores, en éste han sido estadísticamente relevantes los asuntos que se inadmiten en sentencia (24%). Así, los autores del informe comentan que “teniendo presente que aquí no se recogen aquellos casos que son inadmitidos por auto, este dato es muy llamativo ya que no encaja bien con el nuevo sistema de casación, que realiza un filtrado previo de los asuntos sobre los que finalmente recae sentencia”. A diferencia de los ejercicios anteriores, en 2021 es superior el volumen de desestimaciones en primera instancia (53%) que en apelación (41%). “Habrá que esperar a los resultados de las próximas ediciones para dilucidar si se trata de un cambio puntual o si, por el contrario, supone una nueva tendencia”, advierten los autores.

Crece la imposición de costas

Frente a los resultados de los años previos (salvo los de 2017), con una leve tendencia a imponer las costas a medida que se ascendía a instancias judiciales superiores, el análisis de las sentencias dictadas en 2021, al igual que en las resoluciones emitidas en 2018, 2019 y 2020, ofrece unos resultados distintos. Así, mientras que en primera instancia la imposición de costas afecta al 66% de los casos, en segunda instancia asciende a algo más del 34% y en casación alcanza a menos de un 3%. “Esta última cuestión, que ya se observó el año pasado, seguramente tiene que ver con el nuevo sistema de casación: al haber un filtro previo exigente en el que se cuestiona el interés casacional del pleito, es esperable que haya más sentencias sin imposición de costas, en el buen entendido de que se trata de cuestiones sobre las que existen serias dudas de Derecho”, aseguran los autores del informe.

El hecho de que el dato de imposición de costas en primera instancia sea muy similar al que se ofreció en las tres ediciones anteriores parece reflejar la consolidación de una tendencia, que apunta a que aproximadamente el 70% de los recursos terminan con una condena en costas. En esta cuestión resulta útil la comparación con 2015 en relación con el período 2003-2014. En este periodo solo el 5% de los asuntos resueltos en primera instancia terminaban con imposición de costas, mientras que en 2015 supusieron más del 50% del total, en 2016, el 70% de los casos, y en 2017, casi al 80%.

La explicación a este cambio tan importante reside en la modificación del sistema de imposición de costas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa (JCA), que lo asemejó al sistema del vencimiento clásico del ámbito civil, operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Al igual que se dijo en años anteriores, en tanto que en primera y segunda instancias existe condena en costas en, prácticamente, la mitad de los asuntos no cabe si no concluir que efectivamente se está poniendo en práctica esta reforma legislativa, explica el informe.

Los resultados de este año son muy similares a los de la edición anterior: las personas físicas presentan un mayor porcentaje de condena en costas que las jurídicas (62% frente al 54%, respectivamente). Y al igual que ya se puso de manifiesto en las cuatro ediciones anteriores, la diferencia más notable acaece en aquellos casos en los que es la Administración la actora del proceso, en los cuales poco más del 5% de las sentencias contienen una condena en costas. Observando los años precedentes, también parece existir cierta correlación estadísticamente significativa entre la condena en costas y la cuantía del pleito. Así, en aquellos asuntos cuya cuantía era inferior a 25.000 euros la condena en costas se producía en el 49% de los supuestos, en tanto que, en los tramos intermedio y superior, aquí considerados, los porcentajes de condena son más altos (54% y 60%, respectivamente).

A pesar de la pandemia, por cuarto año consecutivo, hay más resoluciones que nuevos asuntos en el TEAC. Su tasa de resolución se estancó en 2016 en el entorno del 75%, sin embargo, despegó hasta el 110% de 2017, que aún mejoró algo en 2018 (118%), se estabilizó en 2019 (115%) y empeoró en 2020 (97%). Así, tras siete años con más ingresos que resoluciones, en 2017 se invirtió por fin la tendencia, que ofreció un resultado también muy positivo en 2018 y 2019 y que, a pesar de la pandemia de Covid-19, alcanzó casi el 100% en 2020.

Tasa de resolución del TEAC

La tasa de resolución de los TEAR también presenta una evolución positiva. Al igual que en 2017, 2018 y 2019, se constata que de nuevo, en 2020 la tasa ha superado el 100%, esto es, se han resuelto más casos de los que han tenido entrada. Esto es especialmente llamativo, teniendo en cuenta las dificultades de gestión que ha planteado la pandemia.

Explica el informe que los asuntos sobre el IRPF se han consolidado en los últimos años como los más importantes en términos cuantitativos, lo cual contrasta con la situación inicial en 2009, momento en el que eran los menos relevantes. Teniendo en cuenta que la Memoria de este organismo no distingue aparentemente entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), es posible que este aumento se deba a las numerosas reclamaciones presentadas en relación con la solicitud de devolución de ingresos indebidos, por las retenciones practicadas, formuladas por entidades de inversión no residentes en España.

En lo que se refiere a las reclamaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades (IS), la tendencia es la contraria: pasa de ser la segunda materia más numerosa en 2009 a ser la tercera en 2020. Las reclamaciones de IVA, sin embargo, pasan en 2020 a ocupar el puesto cuarto en términos cuantitativos.

En años anteriores se observó que los asuntos relacionados con el IBI (actos de la Administración catastral) han experimentado un comportamiento errático, con diferencias muy acusadas, como pone de manifiesto el hecho de que los asuntos de 2012 multiplican prácticamente por seis a los de 2011, mientras que los asuntos de 2013 son apenas una cuarta parte de los que entraron en 2012, al tiempo que los de 2009 y 2015 son prácticamente idénticos.

En 2018 continuó el descenso que ya se observó respecto de 2016 y 2017. Sin embargo, en 2019 los casos crecen de manera muy relevante, casi duplicando las cifras del ejercicio anterior, para volver a descender abruptamente en 2020. A este respecto se ha de reiterar que no se están analizando los actos de aplicación del IBI, que son revisados en el ámbito municipal, sino a las valoraciones catastrales, que constituyen la base imponible del IBI, y que pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa.

Se trata de una materia conflictiva como pocas, cuya litigiosidad está muy relacionada con el ritmo de actualización de los valores catastrales.

Por su parte, los asuntos relativos a los procedimientos de recaudación impugnados han repuntado en 2019 y 2020. En ediciones anteriores, se dijo que era posible que esta cifra alta tuviera que ver con el mayor número de derivaciones de responsabilidad que pudiera estar llevando a cabo la AEAT.

En la jurisdicción contenciosa, en primera instancia los asuntos se resuelven en menos de dos años en más del 65% de los casos y son pocos los que acaban con sentencia tras pasar cuatro años (6%). Estos procesos se acortan en primera instancia. En relación con la duración del recurso de casación, el 70% se resuelve en menos de dos años.