La Justicia de la UE avala la retirada de contenidos ilegales

La obligación, en defensa de los derechos de autor, que tienen los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea de controlar los contenidos que los usuarios deseen cargar en sus plataformas, antes de su difusión al público, respeta los principios de libertad de expresión y de información, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 26 de abril de 2022.

El ponente, el magistrado Marko Ilešič, reconoce que limita estos dos derechos fundamentales que, para poder realizar ese control previo, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea se vean obligados, en función del número de archivos cargados y del tipo de prestación protegida de que se trate, a utilizar herramientas de reconocimiento y de filtrado automáticos.

Marko Ilešič considera que existe proporcionalidad en esta relación, con el objetivo legítimo perseguido por el artículo 17 de la Directiva 2019/790, consistente en proteger los derechos de propiedad intelectual. Señala el magistrado que el legislador de la Unión, para prevenir el riesgo que en particular la utilización de herramientas de reconocimiento y de filtrado automáticos entraña para el derecho a la libertad de expresión y de información de los usuarios de servicios para compartir contenidos en línea, fijó un límite claro y preciso a las medidas que pueden adoptarse o exigirse en la aplicación de las obligaciones establecidas en dicha disposición, al excluir, en concreto, las medidas que filtren y bloqueen los contenidos lícitos al cargarse esto.

En este contexto, recuerda que un sistema de filtrado que implique el riesgo de que no se distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, de modo que su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito, sería incompatible con el derecho de libertad de expresión y de información y no respetaría el justo equilibrio entre este derecho y el derecho de propiedad intelectual.