El Programa de Estabilidad del Reino de España delata la voluntad del Gobierno de subir la presión fiscal
Aunque, especialmente en materia fiscal, estamos ya acostumbrados a que el Gobierno diga y se desdiga de una misma cosa, la verdad es que la realidad del día a día no deja de sorprendernos a los que pensamos que la fiabilidad y credibilidad de un gobierno constituye un pilar básico de la estabilidad económica y del crecimiento económico de un país.
La verdad es que, por citar algún ejemplo reciente, en la última Conferencia de Presidentes se dijo que se produciría una bajada de impuestos, después desmentida o negada, y que tras la presentación del informe de expertos del Gobierno del mes de febrero pasado (que apuesta por una subida generalizada de la presión fiscal), la ministra Montero afirmo que “no vamos a plantear de inmediato ninguna subida fiscal”.
Pues bien, como todos sabemos, hace pocos días el Gobierno cumplió con la UE, remitiendo el preceptivo Programa de Estabilidad del Reino de España que, una vez más, nos depara “sorpresas”, esta vez en términos de compromiso ante la Comisión Europea, al anunciar unas previsiones de incremento en la recaudación fiscal del entorno del 22% antes del año 2025.
Si vemos como trata de “vender” el Gobierno esta obvia subida de impuestos, deberíamos estar agradecidos dado que dice que el Programa Nacional de Reformas en el ámbito fiscal “simplificará el sistema tributario y tendrá efectos favorables sobre la seguridad jurídica y sobre los litigios y conflictividad existentes”. Sin embargo, siendo deseable la consecución “algún día” de estos objetivos (se llevan afirmando y comprometiendo decenios por todos los gobiernos) no es menos cierto que lo que de verdad se plantea es intentar mitigar algo (a mi juicio un nuevo parche) el monumental agujero de las cuentas públicas, incrementando la presión fiscal a costa de “suprimir la inmensa mayoría de los beneficios fiscales y regímenes especiales impositivos contemplados en nuestra normativa fiscal y aplicables tanto desde el Estado como desde las Administraciones Autonómicas.
Nuevamente, para dar “cobertura técnica” a una decisión política se pretende crear otra “comisión de expertos”, en forma de grupo de trabajo, que sirva en bandeja de plata al Gobierno, las medidas que el Gobierno quiere implementar. Pero en esta ocasión, parece que serán la Dirección General de Tributos; el Instituto de Estudios Fiscales y la propia Agencia Tributaria los “expertos” que harán esta revisión exhaustiva de los beneficios fiscales a eliminar.
Es decir, será el Ministerio de Hacienda el que lo decida, dado que todos son organismos dependientes de la ministra Montero.
En nuestro ordenamiento jurídico fiscal es evidente que no hay muchos regímenes fiscales especiales que analizar, pero si hay muchos beneficios fiscales, desgravaciones e incentivos en diferentes impuestos que, gestionados directamente por el Estado o por las CCAA, contemplan realidades que, a nuestro juicio, hay que apoyar social y fiscalmente, toda vez que o bien reconocen situaciones de especial coste para el sujeto pasivo del impuesto o bien pretenden incentivar determinadas conductas que se entienden positivas para la economía social y productiva, y también para la estabilidad económica de las familias con menor poder adquisitivo.
Así, a la ya desaparecida por compra de vivienda habitual, se podrían sumar en pocos meses, por ejemplo, la familia numerosa, la maternidad, los planes de pensiones, las de creación de empleo, las de fomento de inversiones, las de apoyo a “acontecimientos” calificados de interés público, o muchas deducciones de IVA hoy contempladas para nuestros sufridos autónomos o el capítulo de incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión.
En el capítulo de la “revisión” de los regímenes especiales cobra especial preocupación el Régimen fiscal de Cooperativas y sobre todo el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, cuya supresión ya se apuntaba en el informe de expertos del pasado febrero.
Mención aparte merece el Impuesto de sucesiones y donaciones, de normativa estatal y gestión autonómica, en el que la desorientación del ciudadano y también del profesional asesor fiscal cada vez es mayor, al ser testigos cada día de realidades contradictorias.
Frente a la que parece ser una decidida voluntad del Gobierno de “armonizar” el impuesto, es decir, eliminar las bonificaciones del 99% que muchas CCAA ya aplican, lo que supondría en la práctica “resucitar” la injusta y confiscatoria imposición de las herencias, es cierto que la mayoría de las administraciones autonómicas siguen avanzado en su supresión de facto. Un ejemplo, aunque limitado, lo tenemos en el anuncio reciente de la Junta de Extremadura de bonificar el 99% de las donaciones hasta 300.000 euros y otro ejemplo (de practica supresión) lo tenemos en la Comunidad de Madrid que pretende ampliar la bonificación ya existente en sucesiones y donaciones del 99% para herencias de tíos a sobrinos.
Es cierto que a la vista de todas esta “noticias” que se ciernen sobre nuestro sistema fiscal, podemos afirmar que la incertidumbre está servida, pero que esta se refiere ya solo a “cuánto nos subirán los impuestos” en esta legislatura, dado que nadie va a plantearse seriamente el ajuste imprescindible y urgente del gasto público superfluo que, disfrazado de gasto social, nos llevaría a poder afrontar una reducción real de la presión fiscal de las rentas medias y bajas, equilibrando las cuentas públicas y apoyando un crecimiento económico sólido.
La “pregunta del millón” seria si esta realidad que se anuncia y se intuye, será posible que la revierta un futuro Gobierno de signo político distinto, o si el lastre que quedará de esta gestión ideologizada de la economía será tan pesado que será una tarea titánica que volverá a exigir una vez más serios sacrificios a todos.