Percepciones fiscales

El Comité de expertos ha hecho entrega del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Tributario. Vaya por delante mi respeto a sus integrantes, a los que a algunos de ellos conozco personalmente. El resultado de su trabajo son más de 700 páginas que invitan a no opinar hasta que se hayan leído con detenimiento y atención. Yo, al menos, así lo voy a hacer.

Conviene recordar, eso sí, que aquel responde a un encargo muy concreto: valorar la suficiencia, equidad y eficiencia del sistema, las tendencias internacionales -sobre todo en fiscalidad verde y digital- y sus consecuencias en el modelo territorial y en el proceso de integración europeo, la capacidad de los impuestos para acelerar transformaciones y fomentar la innovación, así como su capacidad redistributiva para reducir la desigualdad social o de género. Y todo, enfocándose en la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la fiscalidad de las actividades económicas emergentes, y la aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial. No se trata, por tanto, de una reflexión abierta sobre nuestro sistema tributario.

A partir de ahí, lo que el Gobierno haga no es imputable a la Comisión. Pero ¿estamos convencidos de que es necesaria una reforma?

Creo, sinceramente, que no. Nos da miedo. Y nos lo da porque tememos lo peor: el hachazo fiscal. Y lo entiendo. A mí me pasa lo mismo. Pero de ser así, no hay que ser negacionista. Al contrario. Hay que justificarlo y aportar alternativas.

Ocurre también que, en el fondo, somos un poco egoístas porque queremos mantener nuestro estatus, o mejorarlo, sin reconocer algunas verdades que duelen a unos y a otros.

Pero la verdad es que la reforma es tan necesaria como el proceso de diálogo social que a raíz del Libro Blanco se ha de iniciar ya. No se trata de hacer parches y de subir los impuestos. No. Se trata de una reforma del sistema tributario. Es pues necesaria la participación de Asociaciones, Patronales, Sindicatos, Adjudicatura, Función Pública, y Universidad. El diálogo social. El consenso. No hay que olvidar que un sistema tributario justo es el que se percibe como tal. De ahí la importancia de las percepciones de las que hoy quiero hablar. Ante todo, hay que subrayar la importancia de erradicar la triste realidad de que lo único que importa es recaudar. Esa es una percepción tan real como nociva.

Pero tan importante, o más, es sustituir la cultura de la imposición por la del diálogo. La necesidad de rendirse ante la fiscalidad colaborativa que, como su propio nombre indica, es, por su naturaleza, participativa. No se trata de informar de los criterios, sino de debatirlos. No se trata de promover la conflictividad, sino de evitarla. No se trata de fomentar la inseguridad jurídica, sino de garantizar la lex certa. Se trata, por tanto, de e ir de la mano desde el inicio hasta el final y, por tanto, de erradicar la extendida percepción por parte del contribuyente de súbdito al que se le ignora para todo menos para pagar.

Sin embargo, no hay que olvidar que es también urgente cumplir con la obligación constitucional de eficiencia y economía en el gasto, única razón, por cierto, por la que los impuestos existen: para sufragarlo. Hay que erradicar pues la percepción de despilfarro.

Por otra parte, hay que dejar de obsesionarse por nuestra presión fiscal y reconocer que no se trata de que esta sea o no excesiva, sino de que está incorrectamente distribuida. Estoy convencido de la poca progresividad efectiva que existe si comparásemos los impuestos que por todos los conceptos pagamos cada uno de nosotros en proporción a nuestra renta y los comparásemos por diferentes niveles o percentiles de renta.

De progresividad, poca y mal distribuida. No es pues de extrañar que se tenga la percepción de que no se cumple la obligación constitucional de que pague más quien más tiene, en términos absolutos y relativos.

Se diga lo que se diga, nuestro sistema tributario en su conjunto es poco progresivo, además de distribuirse aquella de forma poco equitativa. Hay pues que eliminar la percepción de inequidad.

Pero no solo hay inequidad y baja progresividad, sino ineficiencia en la recaudación por los afortunados de nuestra maraña de privilegios, bonificaciones, exenciones, y tipos reducidos. Hay que erradicar por tanto la percepción de privilegios.

Y todo sin olivar la prioridad de crear riqueza y la necesidad de incentivar y promover la inversión productiva en pro de la no productiva. Recordar, tan solo, la función social de la propiedad que la Constitución promueve. Es pues necesario erradicar la negativa percepción de la riqueza.

En este contexto, es urgente desterrar la idea de que hay que quitarle a los ricos para dárselo a los pobres. Eso, no es justicia social, ni fiscal. Es, sin más, “lucha de clases” populista y demagógica. Vaya, un robo. La verdadera redistribución se materializa a través del gasto.

La justicia social exige la creación de riqueza en igualdad de oportunidades y libre competencia y su distribución equitativa, razonable y sostenible. Su objetivo, su límite, es la vida digna de la persona y su libre desarrollo sin imposiciones, interferencias, ni limitaciones del Estado, cuya única responsabilidad es promoverla con carácter subsidiario.

La reforma fiscal exige, pues, erradicar esas y otras percepciones que todos tenemos fruto de la realidad y del populismo.