Vulnerables y fiscalidad: ¿son los impuestos la solución?
Hace unos días leí un artículo cuyo titular me impacto: “nueva clase social: los vulnerables”. No creo que nadie niegue la obligación que todos tenemos de ayudar a quienes carecen de recursos económicos para gozar de una vida digna. No se trata de un tema ideológico, sino de responsabilidad y compromiso social.
Pues bien; hablar de “vulnerabilidad” se asocia a ayuda “económica”. Pero ¿es realmente lo que este colectivo necesita?
La vulnerabilidad es uno de los principales problemas de la sociedad. Pero su solución requiere poner el foco en su origen, esto es, en identificar sus causas y encontrar la solución para cada caso.
Salvo excepciones, la solución para erradicar este doloroso problema es su inclusión/reinserción en la sociedad, y, por tanto, hacer realidad el único derecho que garantiza la vida digna: el derecho al trabajo y a una remuneración digna.
Si es así, lo que nos hemos de preguntar es qué se ha hecho para conseguirlo, ya que no se trata solo de ayudarlos económicamente, sino de solucionar las causas que la producen. De lo contrario, tenemos el riesgo de que nos empobrezcamos todos cada vez más.
He dicho siempre que la pobreza se combate creando riqueza. Y riqueza es crear un orden social y económico, que, bajo los valores del esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso, promueva el libre desarrollo de la persona, su libertad y su no dependencia del Estado.
Orden, decimos, que, bajo la verdadera igualdad de oportunidades y ausencia de privilegios, nos permita a todos desarrollar nuestra iniciativa sin más límite que nuestro esfuerzo y responsabilidad.
¿Qué es imposible? No. Es, eso sí, muy difícil, ya que requiere de compromiso mutuo y de valentía y perseverancia.
Pero conseguirlo es responsabilidad de todos. Y para ello la colaboración público-privada es esencial.
Por su parte, la pobreza no se combate aumentando la progresividad en los ingresos. Reducir la pobreza, es un problema de progresividad en el gasto que es, a su vez, el principal antídoto para reducir las desigualdades y medir la efectiva redistribución del sistema tributario. Se trata, en suma, de diseñar políticas selectivas y progresivas de gasto cuya prioridad sea la reinserción social y laboral de las personas. En este contexto, las empresas juegan un papel fundamental. Uno de sus roles es contribuir a erradicar la pobreza, no solo a través de los impuestos, sino, y fundamentalmente, asumiendo que son parte de la solución. No en vano, su objetivo es el bien común, y no solo la satisfacción de intereses personales.
Para ello, es también necesario invertir en mejorar el capital humano y en ayudar el desarrollo de proyectos personales, sobre todo, de personas sin recursos. La pobreza es, en parte, el fracaso de la inacción política con relación al verdadero objetivo. Ayudamos económicamente al vulnerable, pero no solucionamos el problema que subyace tras su realidad: sus causas.
Personalmente, prefiero empresas comprometidas con el objetivo, que hacer pagar más impuestos a los denominados ricos. Prefiero el premio, al castigo. Prefiero premiar a quien se compromete, que obligar a todos. Es, pues, inevitable un gran pacto social por la pobreza y, en consecuencia, por la creación de riqueza. Creándola, la pobreza se reduce. De ser así, la familia es un referente esencial. No en vano, el principal responsable de ayudar al vulnerable es la propia familia. Y de ahí la importancia de que para definir la vulnerabilidad se tengan en cuenta los ingresos y patrimonio de la familia, que no se circunscribe, tan solo, a la unidad de convivencia.
Desde esta perspectiva, el problema no es realmente la inflación, sino qué se ha hecho para que nuestra capacidad de respuesta a la misma (esto es, nuestra renta disponible), sea mayor. No se trata de que el Estado tenga recursos necesarios para hacer frente a situaciones extraordinarias como la actual, que también, sino de que las familias dispongan en esos momentos de los recursos suficientes. Lo determinante, una vez más, es crear riqueza, esto es, fortalecer y ampliar una clase media amplia que reduzca los extremos: pobreza y riqueza.
Eso no quiere decir que el Estado deje de cumplir con su obligación de garantizar una vida digna para todos. Al contrario. Lo único que digo es que los esfuerzos hay que centrarlos en el problema y no solo en sus consecuencias. Y eso, repetimos, requiere compromiso y colaboración público-privada. Una vez más repito que, sin sector privado, no hay sector público. Y es obvio que no solo los dos son necesarios, sino que han de colaborar en un mismo objetivo: la vida digna de las personas.
Pero mejorar nuestra renta disponible exige, también, cumplir con la obligación de eficiencia y eficacia en el gasto, reducir exenciones, reducciones, bonificaciones, y privilegios fiscales de dudoso retorno económico y social, redistribuir el esfuerzo fiscal liberando parcialmente del mismo a rentas bajas y medias, y trasladándolo hacia las más altas, etc.
La ejemplaridad es la medida más eficaz. No se trata, pues, de pagar más o menos impuestos, sino de redistribuirlos mejor y destinarlos a promover nuestro desarrollo personal, libertad, e independencia del Estado. La solución no es ampliar el concepto de vulnerables, como se ha hecho, sino reducir las desigualdades económicas ampliando la clase media. Pero la solución, no nos engañemos, no son los impuestos ni las ayudas.