Las agendas urbanas locales

En estos meses de julio y agosto son varios los municipios de este país que van a estar insertos en una intensa labor para dar forma a los Planes de Acción de sus respectivas Agendas Urbanas Locales. Estas Agendas Urbanas van a suponer la hoja de ruta de las ciudades -y de sus territorios- a las que se refieren, como instrumento de traslación a éstos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con el fin de alcanzar una idónea sostenibilidad social, económica y ambiental. Desde esa perspectiva, de origen supranacional, las Agendas Urbanas Locales (AUL) suponen un escalón territorial de ámbito municipal donde concretar no sólo dichos objetivos, sino todos aquellos que han ido cristalizando -desde la Carta de Leipzig (2007), la Declaración de Marsella (2008), la de Toledo (2010) y la de Riga (2015)- tanto en la Agenda Urbana Europea, nacida del Pacto de Ámsterdam de 2016, como en la Española (AUE) de 2019.

Esta última, “madre inmediata” de las AUL, constituye la fuente de una verdadera “política nacional urbana”, en el sentido de inspirar aquellas acciones que, aprobadas por cada Estado miembro de la UE, habrán de constituir, por un lado, un marco general para orientar las intervenciones, tanto públicas como privadas, en las áreas urbanas; y por otro, una referencia principal para informar las reformas institucionales, normativas y de financiación necesarias para toda acción en el entorno urbano. Todo ello, configurando a las AUL como instrumentos para la concienciación y la participación pública acerca de los beneficios propios de todo desarrollo urbano, que habrá de estar presidido siempre por criterios de sostenibilidad.

Este puente entre estas políticas internacionales y uno de los escenarios naturales más idóneos para su plasmación, como son las ciudades y sus territorios inmediatos, supone un cambio de paradigma frente a otros no tan remotos, esclavos del desarrollismo ilimitado y de proyectos megalómanos e insostenibles, que entendían la ciudad dentro de un modelo de CityMarketing y de mera atomización de espacios sin más valor social que el meramente económico. Frente a ello, la AUE -y por ende las locales- tiende a ver a la ciudad como un espacio de vida, de relaciones, de múltiples miradas, necesidades y aspiraciones de una ciudadanía que necesita a éste como el hábitat natural donde desarrollar sus necesidades, sus aspiraciones y también sus derechos.

En definitiva, la ciudad -y es lo que procurará poner en valor cada AUL- es un espacio de construcción humana dentro de un escenario natural que es preciso, primero, respetar para, a continuación, integrar adecuadamente con aquella, lo cual sólo es posible bajo el paradigma del más amplio concepto de sostenibilidad. En este sentido, también se trata de construir ciudad desde el respeto al espacio físico sobre el cual se asienta la historia, la cultura y la tradición (el legado, en definitiva) de sus habitantes; algo que fuerza a procurar un profundo y sensible conocimiento y preservación del mismo como valores intrínsecos del territorio y la sociedad a los que otorga fundamento.

Con estos postulados, ¿qué pretenden o para qué han de servir las AUL? En primer lugar, han de constituir, a través de sus Planes de Acción, “instrumentos palanca” para la plasmación de cada uno de los ODS de la Agenda 2030, en definitiva, de los principios de sostenibilidad ambiental, social y económica que recogen aquellos.

En segundo término, constituyen, en el territorio local, la plasmación de una verdadera política nacional urbana, unificadora de las distintas leyes -autonómicas o locales- en materia de ordenación del territorio y urbanismo en forma, ya no de normas, sino de principios y objetivos generales cuyo fundamento es el aludido paradigma de la más amplia sostenibilidad: una “unificación de criterios” inspiradores de políticas e intervenciones, que ni la Ley de 1990 ni su texto refundido de 1992 lograron en el ámbito normativo más estricto, hoy viene a procurarse en base a documentos de objetivos y principios inspiradores de las distintas políticas que confluyen a distinta escala en nuestros territorios.

Y finalmente, las AUL supondrán, en sí mismas, un Plan de Acción y un manual o guía metodológica -a nivel de principios y objetivos- para facilitar cada una de las intervenciones en el territorio que puedan propiciarse: desde una reclasificación de suelo rústico hasta una intervención de regeneración y renovación urbana en la ciudad consolidada; pero con un planteamiento transversal, aglutinador de las distintas políticas que confluyen en aquel (urbanísticas, sociales, ambientales, económicas, patrimoniales, etc.).

Este es el reto. El camino que anden las AUL supondrá pasos en cada política que desarrolle el municipio y guías de acción para cada actuación pública y privada en su territorio. Para ello, han de ser desarrolladas por los gobiernos locales desde el apoyo de los saberes técnicos internos y externos a sus Consistorios, pero también con una intensa participación de los colectivos y entidades con relevancia en cada municipio, a los cuales hay que escuchar atentamente no sólo para recoger los problemas o retos a los que se enfrenta cada sociedad, sino también para sopesar las posibles medidas que, frente a estos, propongan explorar.

Los resultados los veremos a partir de septiembre. De momento, los municipios y sus técnicos tienen por delante dos meses de intensa labor, que continuará con la divulgación y traslación de los Planes de Acción a la sociedad en su conjunto y a cada propuesta o iniciativa que los Ayuntamientos tengan que promover o tramitar.

Sinceramente, resultará grato ver, no sólo en los informes municipales, sino en otros escenarios como pueden ser, por ejemplo, los debates políticos, las referencias y la aplicación práctica de cada criterio de sostenibilidad social, ambiental y económico que recojan nuestras AUL. Si es así, será éste un verano caliente, pero también muy provechoso.