El gran reto de la sostenibilidad está a la vuelta de la esquina
La Unión Europea va dando pasos decidido hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Así, entrará en vigor en 2023 la nueva Ley europea de debida diligencia en la cadena de suministro para prevenir las violaciones de los derechos humanos y de la legislación medioambiental. Esta normativa se aplicará en todos los países europeos y obligará a realizar controles estrictos de las redes de suministro, centrados en aspectos medioambientales y sociales, los aspectos que componen la sostenibilidad.
La norma garantiza un acceso a la Justicia más para que los consumidores puedan reclamar la reparación efectiva. Estas obligaciones impuestas a las empresas buscan estar en consonancia con las normas internacionales, crear seguridad jurídica, y aspiran a fortalecer el trabajo decente, incluido el fomento de relaciones entre las empresas de la UE y sus socios en los países en desarrollo.
El camino no se antoja fácil. Los directivos consideran que los riesgos que pueden tener un mayor impacto en los negocios y en las cadenas de suministro son los derivados de las tensiones geopolíticas, los ciberataques y la falta de transparencia e información sobre las cadenas de suministro que dificultan su gestión y control.
Las tensiones geopolíticas se suman a las presiones normativas, la escasez de personal cualificado y el cambio climático representan ahora importantes amenazas para las operaciones de la cadena de suministro.
A estas alturas, España se sitúa lejos de conseguir las metas marcadas en la Agenda 2030. El 89% de las empresas españolas ya está trabajando en esta dirección llevando a cabo acciones y proyectos relacionadas con los ODS, según datos del Pacto Mundial de Naciones Unidas España con la financiación, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España. En el mismo se constata cómo el marco se ha asentado en el tejido empresarial español, siendo conocido por el 86% de las empresas, un 17% más que en 2018.
Los economistas lideran la adaptación en España a las nuevas normas de información corporativa en materia de sostenibilidad y con el foco puesto en una adecuada proporcionalidad para las pymes, que constituyen la mayoría del tejido empresarial en España y Europa. Desde el Consejo General de Economistas de España indican que “es totalmente necesario apostar por más incentivos para que las pymes incrementen la elaboración de información en materia de sostenibilidad, lo que sin duda será bueno para la economía y el conjunto de nuestro país”.