Los retrasos judiciales son una rémora para la competitividad

La Justicia española emplea un tiempo parecido a la media de los países europeos en resolver un procedimiento. Además, nuestro sistema, aunque no sea barato, tiene un coste parecido para los ciudadanos al del resto de países europeos. Sin embargo, el sistema judicial español está permanentemente aquejado de algunos grandes problemas que podrían quedar escondidos detrás de esos simples promedios.

Así, y en primer lugar r, a pesar del innegable aumento de riqueza y bienestar de España en las últimas décadas, que se ha reflejado de forma notable en otros servicios públicos (como, por ejemplo, en cómo funciona Hacienda), el sistema judicial no ha mejorado de forma paralela en el largo plazo.

En segundo lugar, en España hay en realidad varios sistemas judiciales: no funciona igual, por no estar igualmente dotado de recursos por conflicto, por ejemplo, el sistema judicial del País Vasco o el de Castilla y León que el de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña (todas estas últimas mucho más pobladas y litigiosas).

Por último, resulta incuestionable para quienes analizan la situación que, en general, España es un país que genera una alta litigación y que esto arrastra a los juzgados una alta carga de trabajo, sometiendo al sistema a un estrés permanente para los recursos que tiene. La litigación, tanto respecto de la población como respecto de la riqueza es, de hecho, cada vez mayor.

Esta es una de las conclusiones de un manual sobre el sistema judicial, economía y prosperidad en España, publicado por Tecnos, bajo el título La Factura de la Injusticia, del que es autor el economista Juan S. Mora-Sanguinetti, y que cuenta con un prólogo del exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y una introducción de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

Explica el autor, que ya en 2019, el último año previo a la pandemia por Covid-19, el sistema judicial tenía capacidad para resolver solamente uno de cada 1,8 casos pendientes, mientras que en 2020 esa relación era ya de uno de cada dos, según los datos de la OCDE y de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, que, a su vez, han venido basándose en el extinto informe Doing Business del Banco Mundial. Y añade Mora-Sanguinetti, que “uno de los legados de largo plazo de la pandemia será probablemente un empeoramiento de la congestión judicial, tal y como ocurrió en la última gran recesión”.

Los retrasos de la Justicia cuestan mucho dinero. Los procedimientos civiles (en primera instancia y primera instancia e instrucción), los que afectan a empresas y ciudadanos, necesitaban 283 días para su resolución en 2002. En 2019 se necesita prácticamente el mismo tiempo (285 días) y en 2020, el primer año de la pandemia por Covid-19, la duración se disparó hasta los 354 días. Entre medias, en 2014 se logró el mínimo de 204 días. Ese estancamiento general se da también en las distintas Comunidades Autónomas analizadas por separado.

El autor de La Factura de la Injusticia destaca que la Justicia es un motor de bienestar y desarrollo económico. “Un buen sistema judicial es un estímulo para el emprendimiento, para la atracción de empresas, para un mercado de vivienda más saludable y es un ingrediente esencial de una mejor productividad, es decir, la única fórmula que puede generar crecimiento a la economía española en el largo plazo. Así, destaca que la mejora de un solo punto en la congestión judicial tiene implicaciones prácticas, cercanas al ciudadano. Por ejemplo, podría traer a Madrid 3.400 viviendas alquiladas más o 3.100 a Barcelona (y sin necesidad de regular el mercado) solucionando la vida de muchos jóvenes y demandantes de empleo.

Estima Mora-Sanguinetti que el problema de la vivienda en alquiler es muy importante en España. Desde hace mucho, al menos desde la década de 1970, el mercado de alquiler ha ido perdiendo peso en nuestro país. Si se analizan los datos censales, ya en ese mismo año, el 63,4% de las viviendas lo eran en propiedad y esa proporción superaba el 80% al inicio del presente siglo. Por una parte, los informes sobre el sector concluyen que un mercado de alquiler muy débil se relaciona con menor movilidad de personas y trabajadores. De otra parte, un mercado de alquiler amplio puede ser deseable en tanto que puede evitar una concentración excesiva de recursos económicos en el sector de construcción.

En el mercado de alquiler siempre hay dos sujetos importantes: el arrendatario que busca una vivienda y el arrendador, que la proporciona. Así, junto a todos esos factores, todo nos lleva a la idea de que la sensación de seguridad y de certeza (la seguridad jurídica) pesa a la hora de que un propietario decida poner o no su vivienda en alquiler en el mercado y, por tanto, importan para que el mercado sea saludable. Para lograr una buena seguridad jurídica se necesita, eso es claro, un buen funcionamiento del sistema judicial.

Otro de los factores destacados sobre la eficacia del sistema judicial son los 12.000 millones de euros que las grandes empresas españolas provisionan anualmente cada año para hacer frente a los litigios. Se trata de una cifra superior a lo que reservaron los Presupuestos Generales del Estado para infraestructuras en 2021, según el único informe sobre la materia, elaborado en 2017 por Llorente y Cuenca, aunque en vista del incremento de la litigiosidad generada en los últimos años, y la que se prevé una vez que pasen las medidas de contención de la pandemia, no es muy descabellado pensar que la cifra no solo se ha mantenido, sino que se tiene que haber incrementado. No obstante, no se puede ignorar que las grandes empresas cotizadas están cada vez más judicializadas.

En este informe se apreciaba que una gran parte se dedica a posibles conflictos relacionados con la tributación, ya sea en España o por las operaciones que tienen las empresas españolas en el extranjero. Pero también son importantes las reservas dedicadas a posibles arbitrajes internacionales o a futuros litigios medioambientales, que pueden ser relevantes en las empresas del sector de la energía.

No se puede olvidar que estas provisiones son un seguro importante en lo que al impacto sobre la reputación de las compañías se refiere. Lo que sí que queda claro, es que una mejor Justicia también implicaría que las provisiones realizadas por las grandes empresas puedan ser menores, lo que se traduciría en mayor competitividad del sistema empresarial español.

A este respecto, el autor de La Factura de la Injusticia, destaca que los efectos negativos que tiene una Justicia lenta o ineficaz para los emprendedores, son aún más costosos en resultados negativos en cuanto a la necesidad de afrontar una inseguridad jurídica, que les obliga a transigir o a invertir en los servicios de abogados para su defensa jurídica.

Explica Mora-Sanguinetti que el PIB, es decir la riqueza, de nuestro país, ha aumentado mucho en las últimas décadas y esto debería reflejarse en los servicios públicos. Esos cómputos, en relación con la población o con la riqueza, muestran que el aumento de jueces y magistrados es, en realidad, muy tímido en términos per capita (ratio de 0,1 en 2005 frente a 0,12 en 2019) y que incluso la cosa ha empeorado si tenemos en cuenta la riqueza de España (ratio de 0,48 en 2005 frente a 0,44 en 2019). “De modo que la respuesta directa a la pregunta sobre si tenemos suficientes jueces es, por tanto, que no. No se está haciendo un esfuerzo suficiente en la ampliación de la plantilla judicial. Cabe recordar que las sociedades más ricas y más complejas (fenómenos que se podrían aproximar por el PIB o la población) son también más litigiosas. Parece, por tanto, lógico que el número de jueces y magistrados, en igualdad de condiciones, mantenga un crecimiento coherente con esas magnitudes”, afirma el autor.

En la misma línea que vienen apuntando las asociaciones de jueces, Mora-Sanguinetti hace un recordatorio de que en el sistema judicial propiamente dicho se necesitan más medios (más presupuesto), pero en esa inversión debería primar la digitalización. Por otro lado, en lo posible, la inversión debería concentrarse en agilizar y liberar la carga de trabajo de la primera instancia, que muestra peores resultados que en otros países de la OCDE.

El autor concluye señalando que España necesita desarrollar más los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como las mediaciones, las conciliaciones, etc. La mejora de la confianza (trust) en ellos aumentaría su uso. También la mejora de la confianza en el sistema judicial propiamente dicho conllevaría una menor litigación. Junto a todo ello, el desarrollo y utilización de la estadística judicial, es decir, de la jurimetría y el análisis de los datos, que es un instrumento útil de gestión, capaz de aumentar la productividad del sistema. España está bien situada en este aspecto a nivel internacional gracias al gran trabajo del CGPJ, pero se debe seguir poniéndola en valor.