La digitalización es el futuro, pero no se puede perder de vista el presente del sistema judicial
La digitalización de la Justicia se ha convertido en el gran reto de los sistemas judiciales de la UE y de los Veintisiete para facilitar el acceso, mejorar la eficiencia global y garantizar la resiliencia. El proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -que ya están en tramitación-, constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.
La norma consolida medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia, pero que después se han consolidado. Los más de 590.000 juicios telemáticos celebrados durante la pandemia han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 12 millones de euros y han evitado la emisión de más de 5.850 toneladas de CO2.
¿Cuánto le cuestan a la economía española las ineficiencias de la Administración de Justicia? Aunque pocas veces se habla de ello, el impacto de las decisiones de tribunales y juzgados en la vida económica de un país es muy elevado. El Derecho puede resultar muy caro si no se aplica bien, si está mal planteado o si, directamente, no se ejecutan las sentencias dictadas.
Una de las cuestiones más recurrentes cuando se habla de la mala calidad de la Justicia es la de los retrasos. Una sentencia que llegue diez años después de iniciado el caso difícilmente podrá ser justa. Desde el punto de vista económico es fácil imaginar cómo le afecta a una empresa inmersa en un procedimiento judicial no tener una resolución definitiva durante años. Aquí es aplicable el dicho popular de tengas pleitos y los ganes, aunque en muchos casos. cuando los gana la empresa ya es tarde y no le sirve de nada.
Las perspectivas a corto plazo no son muy buenas. El Ministerio de Justicia ha denegado la petición del Tribunal Supremo de añadir cinco magistrados de apoyo al Gabinete Técnico del órgano judicial en el Área Civil, pese al aviso de colapso que dio el Alto Tribunal ante la avalancha de recursos que se prevé. Fuentes del departamento dirigido por Pilar Llop han asegurado que el Presupuesto para 2022 está comprometido casi en su totalidad. El colapso, como ocurre con la Audiencia Nacional en el área de lo Contencioso, está servido.
En Buen Gobierno, Iuris&Lex y RSC les hablamos este mes sobre un análisis que evalúa las dotaciones de 12.000 millones de euros anuales de las grandes empresas para afrontar posibles litigios o que la reducción de un solo punto en la congestión de los juzgados supondría que Madrid ganaría en torno a 3.400 viviendas para el alquiler y Barcelona en torno a 3.100. Toda una instantánea.