España se sitúa a la cola de la UE en tiempo de ejecución de sentencias

Uno de los grandes problemas de la Justicia española es el trámite de la ejecución de sentencias. Son muchos los casos en los que tras obtener una sentencia favorable, su ejecución sufre un gran retraso. Cada año el número de ejecuciones que se quedan en trámite al finalizar el año sigue aumentando. La adopción de medidas y soluciones que agilicen este proceso y aumenten la tasa de éxito es una de las asignaturas pendientes de la Justicia española.

Mientras en España el papel del procurador es el de representación de un tercero, velando por los intereses destinados a satisfacer el derecho reconocido en la sentencia, en el resto de países, la realización de las diferentes actuaciones para la ejecución de la sentencias (dirección y tramitación) recae en el huissier o agente judicial.

En general, a nivel europeo, a diferencia de lo que pasa en España, sobre estos profesionales recae las principales actuaciones encaminadas a la ejecución de la sentencia, como son la notificación a los deudores, la evaluación y decisión de las medidas a aplicar con vistas a garantizar el cobro de la deuda y las acciones de cobro (como embargos, subastas...). En España, el proceso de ejecución requiere la participación del tribunal (organismo al que hay que solicitarle la ejecución, importe, intereses y costas), una vez admitidas, el juez será quien dicte un auto decretando la ejecución y el letrado de la Administración de Justicia emitirá un decreto acordando las medidas solicitadas.

La implicación de todas estas figuras jurídicas, y el hecho de que el procurador tenga que solicitar cada paso al tribunal, hace que el procedimiento no sea ágil y rápido, duplicando o triplicando el tiempo.

Según las conclusiones del estudio sobre La Ejecución de las Sentencias Judiciales, elaborado por Sigma Dos para el Consejo General Procuradores (CGPE), España está a la cola en tiempo medio de ejecución de sentencias en Europa, solo por delante de Grecia. Además, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial en España, referidos a 2018 y 2019, en 2019 sólo se habían ejecutado una de cuatro sentencias civiles que estaban en trámite durante ese año. Aproximadamente el 60% del total de sentencias civiles tramitadas son sentencias de ejecución dineraria, que tienen un importe medio de 10.000 euros.

A finales de 2018 en España había 1,9 millones de sentencias en trámite. Durante el 2019 se registraron 484.329 sentencias más y, a lo largo de ese año, se llegaron a ejecutar 609.589 sentencias.

Con estos datos, en 2019 la tramitación de sentencias tenía un volumen global de, prácticamente, 14.500 millones de euros. De esta cifra a finales de 2019 solo se habían ejecutado sentencias por valor de poco más de 3.500 millones de euros. Por tanto, según la estimación del impacto económico de estos retrasos, se habrían dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros.

El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, explica que “uno de los grandes problemas de la Justicia española es el trámite en la ejecución de sentencias, y son muchos los casos en los que, tras obtener una sentencia favorable, esta ejecución sufre un gran retraso”.

Hungría, junto a Estonia y Lituania son los países con tiempo medio de ejecución más corto. Concretamente, en estos tres países pueden pasar solo un par de semanas desde que se emite el título de ejecución hasta que se cumple. Además, junto a Bélgica, estos países son los que disponen de una mayor implementación de medios telemáticos y digitales para agilizar las fases del proceso.

Retraso en la digitalización

Existen países donde los huissier o agentes judiciales tienen a su disposición una completa variedad de herramientas y medios digitales o telemáticos que agilizan las diferentes fases del proceso (como la notificación, envío de comunicaciones, consulta de datos del deudor, así como la ejecución de acciones para el cobro de la deuda). Destaca el caso de Portugal, donde los agentes judiciales disponen de una herramienta (denominada SISAAE) que les permite tramitar toda la transacción procesal.

España es el país de su entorno con los niveles más bajos de implantación de medios digitales para la ejecución de sentencias. En un ranking de porcentaje de éxito para la finalización del proceso, España está muy por debajo de otros países europeos. Estonia y Bélgica son los de mayor tasa de ejecución, llegando en algunos casos al 85%. También hay un segundo grupo, con tasas de entorno al 40-60%, como Francia, Países Bajos, Luxemburgo, y Lituania, donde acaba con éxito la mayoría de los procedimientos.

Para estimar el efecto económico que tendría la mejora del procedimiento o los procesos implicados en la ejecución, con el fin de incrementar la tasa de éxito, el estudio proyecta y calcula el retorno económico que se obtendría si el sistema español fuera igual de eficiente que el del resto de países de Europa.

Así, si alcanzáramos las tasas de éxito de cualquiera de los países evaluados de la Unión Europea, con la excepción de Grecia, se incrementaría el dinero obtenido, como mínimo, en un billón de euros, si nuestra tasa de éxito aumentariá unos siete puntos porcentuales, como la de Hungría (tasa media del 32,5%), en casi cuatro billones de euros si su tasa creciera 27 puntos porcentuales y se situara a la altura de la de Lituania y llegaríamos a más de 8,5 billones de euros más si nos situáramos en el 85% de Estonia.