Bruselas alerta sobre el uso indebido de sociedades ‘fantasma’ con fines fiscales

La Comisión Europea trabaja en una iniciativa clave para luchar contra el uso indebido de entidades fantasma a efectos fiscales indebidos. La propuesta debe garantizar que las entidades de la Unión Europea sin actividad económica o con una actividad económica mínima no puedan beneficiarse de ninguna ventaja fiscal y no supongan ninguna carga financiera para los contribuyentes. Esto también protegerá la igualdad de condiciones para la gran mayoría de las empresas europeas, que son fundamentales para la recuperación de la UE, y garantizará que los contribuyentes ordinarios no sufran una carga financiera adicional debido a quienes intentan evitar pagar su parte equitativa. Una vez adoptada por los Estados miembros, la propuesta entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

Determinadas empresas dirigen flujos financieros a entidades fantasma en jurisdicciones que no tienen impuestos o que aplican impuestos muy bajos, o en las que los impuestos pueden eludirse fácilmente. Del mismo modo, algunos particulares pueden utilizar entidades fantasma para proteger activos y bienes inmuebles frente a los impuestos, ya sea en su país de residencia o en el país en el que se encuentra la propiedad.

Se trata de una iniciativa del conjunto de medidas de la Comisión destinadas a luchar contra las prácticas fiscales abusivas. En diciembre de 2021, la Comisión presentó una transposición muy rápida del acuerdo internacional sobre la imposición mínima de las empresas multinacionales. En 2022, la Comisión presentará otra propuesta sobre transparencia, exigiendo a determinadas grandes multinacionales que publiquen sus tipos impositivos efectivos, y la Octava Directiva sobre cooperación administrativa, dotando a las Administraciones tributarias de la información necesaria para cubrir los criptoactivos. Además, si bien esta iniciativa aborda la situación en la UE, la Comisión presentará en 2022 una nueva iniciativa para responder a los retos relacionados con entidades fantasma de fuera de la UE.

Por otra parte, el comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, ha avisado del “serio riesgo” que correría la Unión Europea (UE) si no se aprueba la propuesta de la Comisión Europea (CE) para añadir tres nuevos impuestos a las fuentes de ingresos del presupuesto comunitario para pagar la deuda vinculada al fondo de recuperación.

En una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, el austriaco presentó el paquete de medidas que Bruselas desveló el pasado 22 de noviembre para ingresar unos 17.000 millones de euros anuales y cuya finalidad será, por un lado, facilitar el reembolso de la deuda en la que incurrirá el bloque para pagar la recuperación, y por otro crear el Fondo Social para el Clima.

“Seamos claros en un aspecto: sin nuevos recursos propios hay un riesgo serio de que los reembolsos del Fondo Next Generation pongan presión sobre el gasto o sobre instrumentos de inversión, incluyendo la transición climática”, advirtió. Según los planes de Bruselas, la UE tomará prestados en los mercados de deuda más de 800.000 millones de euros en el fondo europeo de recuperación que tendrá que ir devolviendo a los inversores internacionales durante más de tres décadas.

En este contexto, Hahn subrayó que, a falta de un acuerdo para aprobar nuevas fuentes de financiación, será necesario “aumentar las contribuciones” de cada país al presupuesto comunitario -algo a lo que previsiblemente se opondrán algunas capitales del bloque- o reducir las partidas de gasto. Frente a esto, la Comisión Europea propone, en primer lugar, que el 25 % de los ingresos procedentes del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, en inglés) se destinen al presupuesto comunitario, que se beneficiaría de unos 12.000 millones anuales a partir de 2026. Además de a devolver deuda, esta nueva recaudación nutrirá el futuro Fondo Social para el Clima que Bruselas ha propuesto crear para garantizar una transición ecológica justa, especialmente para los hogares vulnerables. En segundo lugar, la Comisión propone que el presupuesto de la UE obtenga el 75 % de los ingresos generados por el llamando mecanismo de ajuste en frontera, que gravará las importaciones de productos fabricados fuera del bloque con mayores emisiones de CO2 que las permitidas dentro.

Por último, Bruselas quiere que se asigne al presupuesto de la UE el 15 % de los beneficios de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del llamado pilar 1 del acuerdo “histórico” sobre fiscalidad internacional alcanzado en la OCDE.