Rafael Lara, presidente del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia: “El letrado de la Administración de Justicia podría resolver los conflictos de escasa cuantía en los juzgados”
El Ministerio de Justicia y las CCAA han aprobado por unanimidad el reparto de los fondos europeos para el ‘Proyecto 0’ de Justicia 2030. Se trata de un importe de 20,6 millones de euros para llevar a cabo la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y ciberseguridad.
Justicia recibirá 410 millones euros para los próximos tres años procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al ser considerado Proyecto tractor de digitalización de la Administración General del Estado. Sobre este asunto y otros planes de la actualidad para el mundo de la Justicia hablamos con Rafael Lara, presidente del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia.
¿Qué supone el Proyecto 2030?
Es un Proyecto ambicioso a medio y largo plazo, que parece tocar tanto los aspectos digitales, organizativos y procesales de la justicia en España. Sin embargo, hasta ahora, la escucha del Ministerio a las propuestas de las asociaciones de Letrados ha sido prácticamente nula. A pesar de ello, el Cuerpo de letrados judiciales apuesta claramente por el buen fin del Proyecto, confiando en que el nuevo equipo ministerial escuche las modificaciones que hemos aportado como expertos procesales y directivos públicos.
Desde la UE se anuncian importantes fondos para la digitalización de la Administración de Justicia. ¿Cuál es el papel que los Letrados de la Administración de Justicia pueden desempeñar en este proyecto?
En este tema el papel del letrado judicial es fundamental, porque legalmente son los impulsores del buen uso de las nuevas tecnologías y responsables de la documentación en el entorno digital, y la protección de los datos del ciudadano. Confiamos en que las Administraciones competentes hagan un buen uso de los fondos que van a recibir y se permita superar la brecha digital que existe entre los juzgados, la sociedad y los ciudadanos en particular.
En cuanto a los Tribunales de Instancia. ¿Qué le parece y en qué medida va a afectar a los Letrados de la Administración de Justicia?
Para todos los que trabajamos en la Administración de Justicia el cambio puede ser radical, pero especialmente a los Letrados Judiciales que somos los directores de las Oficinas Judiciales. En esta línea hicimos propuestas de mejora al Ministerio de justicia a fin de garantizar la eficacia de la nueva organización pretendida, que hasta la fecha han sido desoídas por el ministerio, y que sin embargo el CGPJ, en su Informe al Anteproyecto, ha acogido en su totalidad. Si queremos una eficiente organización habrá que atender las sugerencias de quien la dirige.
¿Qué valoración hace del anteproyecto de ley de eficiencia procesal?
El Anteproyecto en sí es poco ambicioso, deja de lado la potenciación entre otras, de las funciones conciliadores del Cuerpo de letrados judiciales, que en el ámbito laboral y de los despidos, está resolviendo el 70% de los pleitos. Esta labor conciliadora deberá extenderse al resto de jurisdicciones. No se adoptan medidas de mejora de la ejecución que bajo nuestra competencia se están resolviendo un tercio más de las que ingresan cada año, por lo que, con una mejora de las competencias atribuidas al Letrado, los resultados podrían ser más óptimos. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión europea han llevado consigo un aumento exponencial de las demandas de escasa cuantía en los juzgados, el Letrado de la Administración de justicia podría resolver estos conflictos estando plenamente capacitado para ello. Todo ello con el reconocimiento retributivo adecuado evitando repetir vicios de gestión ministerial.
Recientemente ha habido un acuerdo entre Justicia y los sindicatos ¿se sienten representados por los sindicatos?
En absoluto. Los sindicatos vienen defendiendo exclusivamente los intereses de los gestores, tramitadores y funcionarios de Auxilio Judicial, y no los del Cuerpo directivo del Ministerio de Justicia, que somos los letrados judiciales. Por ello, el Colegio tiene interpuesta una demanda general reclamando una negociación colectiva propia como personal directivo, tras las múltiples que hemos ganado parciales en convocatorias de elecciones sindicales. Hasta ahora se ha obviado incluso la audiencia a nuestras asociaciones que, como medida de compensación de esa falta de sensibilidad sindical, estableció como obligatoria la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Es algo que el Ministerio debería tomarse en serio y solucionar ya. Unos mismos sindicatos no pueden representar al director y a los dirigidos. Más cuando al director se le aplica gran parte del estatuto judicial.