La abogacía ‘pro bono’ extiende su labor a los afectados por Ucrania
La ‘IV Jornada Anual sobre Pro Bono en España’ desarrolla por primera vez talleres jurídicos centrados en las principales problemáticas legales a las que se enfrentan las mujeres en situación de vulnerabilidad y las personas mayores.
La abogacía pro bono (por el bien público) ha desarrollado este año diferentes iniciativas relacionadas con la invasión con Ucrania, como resolver los retos legales que enfrentan las personas desplazadas por la guerra. Tres organizaciones impulsoras del trabajo pro bono en España -La Fundación Pro Bono España, la Fundación Fernando Pombo y el programa TrustLaw de la Fundación Thomson Reuters-, organizaron la ‘IV Jornada Anual sobre Pro Bono en España’, que tuvo lugar el pasado 22 y 23 de noviembre, en la que dedicaron parte del espacio a compartir los trabajos puestos en marcha para aliviar las necesidades legales de estos afectados. En la jornada se puso de relieve la importancia del trabajo pro bono en épocas de crisis para aliviar las necesidades legales de las personas que están en situaciones de enorme dificultad.
La jornada se dio en el marco de la European Pro Bono Week (Semana europea pro bono), momento del año en el que se reúnen los principales actores pro bono de Europa para impulsar el papel de esta labor en la sociedad. En España se celebraron varias sesiones. La Fundación Fernando Pombo organizó la primera en el despacho Gómez-Acebo & Pombo, donde se puso de manifiesto la importancia del pro bono dentro las estrategias ESG (ambiental, social y gobernanza) de los despachos, en un diálogo entre la directora de la Fundación, Ana Higuera, y el senior partner de la firma, Manuel Martín. De la mano de Cáritas Madrid, Fundación Hogar Sí, Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid y abogados de la Fundación Fernando Pombo, se profundizó en dos proyectos de mejora del acceso a la vivienda.
La segunda jornada, organizada por la Fundación Pro Bono España en el despacho Pérez-Llorca, se centró en la colaboración entre los despachos de abogados y las clínicas jurídicas universitarias. Además, se abordó el proyecto dirigido a analizar el impacto a nivel autonómico de la reforma civil y procesal sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Como novedad, se desarrollaron talleres jurídicos centrados en las problemáticas legales de mujeres vulnerable y mayores.