El Congreso aprueba la Ley de Evaluación de Políticas Públicas
La norma incorpora el Mecanismo Rural de Garantía y otros elementos relacionados con la prevención de la despoblación, el reto demográfico y la innovación.
El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva el Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, una norma con la que se pretende promover una verdadera cultura de la evaluación, mediante el establecimiento de una sistematización del análisis de las diversas medidas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo. La aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 Modernización de las Administraciones Públicas del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en concreto el hito 146, relativo a la creación de la citada ley.
Entre las novedades incorporadas en el trámite parlamentario, destaca lo relativo a la prevención y lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Para ello, se ha añadido una Disposición Adicional que recoge el impulso del Gobierno para la puesta en marcha del Mecanismo Rural de Garantía. De esta forma, el reto demográfico se ha incorporado en la norma como uno de los aspectos técnicos a tener en cuenta de forma general en el diseño de las políticas públicas, y ha quedado incluido entre los criterios de valor público para la evaluación y en los elementos del código ético del equipo evaluador. Otra novedad se centra en la obligación de destinar, para cada proyecto de evaluación, una partida económica para su realización, que deberá especificarse de forma clara y ajustada a las necesidades reales en el encargo de evaluación. En términos de transparencia también se amplían las obligaciones. Se publicarán los informes finales de evaluación y la memoria anual en el portal temático de evaluación, además en el portal de transparencia y en el portal web de la Agencia Estatal.
La pretensión del Gobierno con esta Ley de Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado es reforzar el valor de la evaluación de esas políticas, promover una verdadera cultura de la evaluación en la administración y sistematizar las evaluaciones ex ante de las políticas públicas. De esta forma, con esta norma se pretende que la evaluación de las políticas públicas sirva para hacer más eficaz la asignación de los recursos y para optimizar el proceso de toma de decisiones; para impulsar la innovación en las actuaciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales; y para avanzar en el control de responsabilidades y la rendición de cuentas.
La norma introduce un enfoque transversal, integral y participativo a la hora de medir el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía. De esta forma, se fortalecen las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, proporcionando las herramientas para analizar el impacto de las políticas con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto.
Se contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales. Se encargará de diseñar dos herramientas clave para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública.