Construyendo juntos
Construir un futuro mejor constituye un deseo colectivo recurrente que cobra un especial significado cada vez que nos acercamos a estas fechas del calendario, en las que acostumbramos a plantear nuevos proyectos que sirvan para la consecución de este fin. Construyendo juntos es precisamente el lema que aparece en el logo de JUBILARE, Comisión constituida recientemente dentro del Colegio de Registradores con el propósito de abordar todos los temas que puedan interesar a las personas mayores, grupo humano heterogéneo y de imprecisa definición (toda vez que resulta imposible fijar a partir de qué umbral de edad se llega a formar parte de él), pero con un protagonismo insoslayable derivado del creciente envejecimiento de la población.
El envejecimiento es un fenómeno de alcance global no solo exclusivo de los países más prósperos, sino también de los más empobrecidos, si bien en estos últimos la situación de las personas de edad avanzada presenta más riesgos de vulnerabilidad. Por eso, frente a las necesidades que plantea este reto demográfico, llama la atención la tibia respuesta que ofrece la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Asamblea General de Naciones Unidas, en los que únicamente encontramos referencias genéricas a “colectivos vulnerables” y a la “igualdad de trato” con independencia de la condición de la persona, que resultan insuficientes para abordar las cuestiones que más específicamente atañen a esta parte del conjunto de la población mundial.
En efecto, en el ODS 1 (“Fin de la pobreza”) no se mencionan aspectos como la precariedad de las pensiones o de recursos públicos para atender a las personas dependientes. En el ODS 3 (“Salud y bienestar”) tampoco figuran metas tales como puedan ser la promoción del envejecimiento activo y saludable (que, sin embargo, sí ha recogido la Organización Mundial de la Salud como campo de acción prioritaria para la Década 2021-2030), la atención a la salud mental, el combate a la soledad no deseada, la promoción de la vida independiente como alternativa a la excesiva institucionalización de determinados modelos residenciales, la consecución de la accesibilidad universal, o la lucha contra cualquier tipo de discriminación en el acceso a los recursos sanitarios basada únicamente en la consideración de la edad.
Falta también en el ODS 5 (“Igualdad de género”) un reconocimiento explícito al papel de las mujeres mayores, quienes han sufrido en muchos casos una pérdida de oportunidades en su proyecto vital debido a las cargas derivadas del cuidado familiar y del trabajo doméstico no remunerado. Asimismo, la superación de la brecha digital y tecnológica que sufren las personas mayores en nuestro tiempo debiera contemplarse dentro del ODS 9 (“Industria, Innovación e Infraestructura”). Finalmente, el ODS 10 (“Reducción de las desigualdades”), con la meta puesta en “potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas”, hubiera podido hacer una denuncia directa de aquellos estereotipos y prejuicios sociales que perciben de forma negativa el proceso de envejecimiento.
La esperanza de cimentar un mundo más cohesionado en el que esté eliminado cualquier atisbo de segregación etaria precisa también de un marco jurídico adecuado. En este sentido, la Comisión Jubilare se suma de forma decidida a la iniciativa que propugna la elaboración, en el seno de Naciones Unidas, de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores, que habría de contar inexcusablemente con la participación activa de las organizaciones más representativas en la defensa de sus intereses, y que a buen seguro traería consigo un impacto decisivo para su mayor visibilidad dentro de nuestra sociedad, similar al que ha supuesto, en otra área diferente de la que ahora tratamos, la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En España, el Informe de la Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento aprobado por el Senado el pasado mes de febrero demuestra la concienciación de nuestros poderes públicos para mejorar la vida de las personas mayores. A nivel legislativo es también creciente la sensibilidad hacia este segmento poblacional, como lo manifiesta la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, o la más reciente Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación, pero quizás se eche en falta una ley más general de ámbito estatal, que siga el ejemplo de la pionera Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, aprobada por el Parlamento de Andalucía.
Esperamos que la proximidad de las fiestas navideñas, tan propicias para el reencuentro familiar e intergeneracional, en las que los mayores son un referente como principal nexo de unión y fortalecimiento de nuestros vínculos afectivos, sirvan para poner un poco más el foco de atención hacia sus necesidades y nos estimulen a dedicarles una mayor parte de nuestro tiempo, aprendiendo de nuevo a descubrir su enorme valor de cara a la consecución de una convivencia más humana y feliz.