Transparencia y regulación de los grupos de presión
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o según qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.
Los lobbies han sido tradicionalmente objeto de enormes sospechas, pero ni su actividad es necesariamente tan oscura ni son tan recientes como se cree. En 2008, la Comisión Europea abrió un registro voluntario para las organizaciones que hacen lobby, y a finales de 2019 había casi 12.000 grupos de presión inscritos en él. Esa voluntariedad sigue siendo uno de los principales escollos para dar transparencia a una actividad que, solo en 2018, implicó una actividad de 1.500 millones de euros.
La corrupción ha reforzado los mitos sobre la influencia de los grupos de presión y ha dañado su imagen. Pero las razones de la desconfianza ciudadana, además de la corrupción, se basan en la ausencia de regulación y la falta de transparencia de dicha actividad. En las democracias avanzadas los lobbies se han convertido en herramientas de canalización de las demandas y de información para la toma de decisiones. En España, sin embargo, la Comisión Europea viene alertando desde hace varias décadas de la falta de regulación y Transparency International más control y transparencia.
El Parlamento Europeo se ha comprometido a promover la transparencia y la ética en relación con las actividades de los grupos de presión. Junto con el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, utiliza un registro común de transparencia para la supervisión de las actividades de los representantes de intereses. Los diputados al Parlamento Europeo también publican información sobre los contactos que mantienen con los grupos de presión.
Bruselas viene desde hace años criticando e incluso sancionando a España por sus retrasos en la transposición de Directivas a la legislación nacional. Ahora junto con la tradicional advertencia de sanciones por el incumplimiento, que tenía como fecha límite el año pasado, la Comisión Europea ha apremiado a España a desarrollar un reglamento que establezca unas normas comunes para los grupos de interés que cada vez tienen un papel más relevante en nuestro país. Para asegurarse de que España cumple con este deber, Bruselas ha decidido ligar la creación de la norma a la entrega de los fondos Next Generation EU, incluyendo este requisito en la documentación que aprobó el plan nacional de recuperación.