Llegó la declaración del Impuesto sobre la Renta: pacto fiscal, de rentas y de gastos
Como cada año, llega la época en la que todos los contribuyentes, fundamentalmente las sufridas clases medias españolas, tienen que hacer “examen de conciencia” fiscal para ponerse a bien con la Agencia Tributaria. Desde el 6 de abril y hasta el 30 de junio comenzarán a presentarse las declaraciones de IRPF, unas con derecho a devolución y otras con obligación de ingreso. Hasta aquí todo sería “un año más”, si no fuera porque, por desgracia, desde la perspectiva económica, no podemos aceptar que este sea “un año más” y no creemos que nadie piense que es un ejercicio fiscal más.
No creo que haya una sola familia española que en estos momentos no este preocupada por la evolución de los precios, por el contexto de inestabilidad política nacional e internacional en el que nos movemos, por la ausencia de medidas coyunturales y estructurales que amortigüen de manera real el impacto de esta situación y, en definitiva, por la dificultad, cada vez más generalizada, que las familias, autónomos y pequeños empresarios tienen para llegar a final de mes, junto al miedo a cuál será el escenario en próximos meses ante unas previsiones económicas que la inmensa mayoría de los expertos tildan de oscuras y complicadas.
El mes pasado, analizando las propuestas de reforma fiscal del grupo de expertos del Gobierno, decíamos que la ministra Montero había descartado “en este momento” la subida generalizada de impuestos que del precitado informe se extrae, y decíamos que lo mejor era “no hacer nada” si no se estaba por la labor de bajar impuestos, que era y es lo indicado ante la situación de nuestra economía.
Hoy, reiterando lo anterior, tenemos que decir que la verdad es que sí que hay ya una subida de impuestos (en el IRPF), de manera encubierta, al negarse el Gobierno a deflactar las tarifas del impuesto en función del IPC del año 2021, o lo que es lo mismo, en al menos un 6,5%.
Detrás de esta realidad renace un debate, casi olvidado, consistente en dilucidar si el sistema fiscal debe de adaptarse (o no) a la variación de precios. La verdad es que la última adaptación por inflación fue en el año 2008, con un IPC en el 2007 del 4,2 y siendo ministro Solbes. En aquel momento, el Vicepresidente Económico del Gobierno socialista decía que “el objetivo de la deflactación de la tarifa es evitar que los contribuyentes paguen mas impuestos sin haber aumentado el poder adquisitivo”.
Pues bien, hoy con una tasa de inflación mucho mayor y con una recaudación récord de impuestos (solo en IRPF un 7,5 % más) en el 2021, reconocida por el Gobierno, éste se niega a ello sin más argumento que el de “hacer caja” para, obviamente, poder seguir gastando en políticas activas cada vez más ideologizadas.
A pesar de que la inmensa mayoría de los ciudadanos han perdido importante capacidad adquisitiva en 2021 y lo siguen perdiendo a marchas forzadas en 2022, con tasas de inflación de dos dígitos, recaudando el Gobierno por encima de sus previsiones, la negativa a la deflactación significa que vamos a pagar más todos (unos 4.110 millones) o lo que es lo mismo, como señala el interesante informe del catedrático de la Complutense, Jose Félix Sanz, unos 199 euros más de media, per cápita, y en el caso de Madrid, unos 240 euros.
Y es que, en los impuestos progresivos, como el IRPF, fenómenos como una inflación elevada generan una enorme distorsión en perjuicio del contribuyente que, si no son corregidos por el Gobierno, conllevan una carga fiscal real más elevada, en detrimento de la renta disponible y capacidad de ahorro del sujeto pasivo del impuesto.
Milton Friedman dijo que “la inflación es un impuesto sin legislación” y otros sostienen que es el impuesto de los pobres o de las clases medias menos adineraras. Lo cierto es que la subida de precios, la contención de los salarios (necesaria si no queremos pasar de un problema coyuntural a uno estructural) y el incremento de la presión fiscal en términos reales lleva a una parte mayoritaria de nuestra sociedad a un empobrecimiento real al que el Gobierno no debería ser ajeno.
El pensar que esto se arregla o compensa con cheques, ayudas públicas, subvenciones o créditos ICO, o con el llamado “gasto social” que cada vez es más político y menos social, nos llevará a ser una economía menos dinámica, menos competitiva, con riesgo de estancamiento, empobrecida y, por lo tanto, a un modelo productivo y a una sociedad dependiente de la “generosidad” del Gobierno entre los distintos colectivos, sectores y estratos sociales.
En este contexto, creemos que no sólo urge un Pacto de Rentas, que tanto reclama el presidente del Gobierno, si no que debe de abordarse también, de manera conjunta, tanto un Pacto Fiscal como un Pacto de Gasto Público, que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio plazo y que diseñe un escenario estable y predecible, por encima de ideologías y coyunturas políticas, con la finalidad de afianzar una recuperación económica real y sólida.
Mientras esto llega, y mientras cada dia pagamos todo más caro, no olvidemos nuestra declaración anual del IRPF y que el 20 de abril hay IVA, Retenciones, y el primer pago a cuenta del I.S. Todo un reto para la inmensa mayoría de los maltrechos autónomos, empresarios y Pymes.