La regulación de los ‘lobbies’, la normativa que nunca acaba de llegar

Estamos a tan solo unos días de cumplirse ahora un año desde que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido por Miguel Iceta, abría un periodo de consulta pública sobre los anteproyectos de Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés (lobbies) y de Prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público. Las competencias, tras la remodelación del Gobierno han pasado al Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuya titular es María Jesús Montero, que espera tener lista la regulación de los lobbies en este ejercicio.

Estas normas tienen que definir lo que se entiende por grupo de interés y los derechos y obligaciones de sus miembros. También, deben establecer la publicidad de las agendas de los altos cargos, crear un registro público y obligatorio, así como establecer un régimen sancionador para altos cargos, empleados públicos y lobbistas, entre otros asuntos.

No se puede olvidar que la Comisión Europea ha ligado el desembolso de los fondos Next Generation EU a que España regule estos grupos, puesto que al no tener competencias para obligar a hacerlo a España, ha optado por desplegar este mecanismo indirecto de presión.

A estos proyectos se añade la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso para regular las relaciones de los diputados con los grupos de interés, planteada por el PSOE la primavera pasada para regular la actuación en los lobbies en la Cámara Baja, tras el rechazo de la propuesta presentada por el PP el pasado septiembre. Así, el pasado 23 de febrero de 2021, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para regular la actividad de los lobbies en España con 33 votos a favor y cinco abstenciones de VOX. Esta proposición fue presentada por los diputados Odón Elorza y Rafael Simancas en representación del Grupo Parlamentario Socialista para llamar la atención sobre la necesidad de drenar la laguna legal en la que, según ellos se encuentra la actividad de los grupos de interés en España. Actividad, que si bien algunas CCAA ya han comenzado a regular, aún carece de una regulación Estatal.

Transparency International España, en su informe Una evaluación del ‘lobby’ en España: análisis y propuestas, concluye que los datos de percepción reflejan los múltiples escándalos de sobornos y tráfico de influencias que han sido portada de la prensa de forma continua en la última década. Pero también se comprueba que existe una conciencia difusa de que ciertas grandes corporaciones y grupos de interés influyen de forma indebida -aunque no necesariamente ilegal- en la toma de decisiones políticas. Ejemplos de ello incluyen la financiación de los partidos, el uso de las puertas giratorias, o la amenaza de la desinversión para paralizar cambios normativos necesarios.

Tampoco se puede olvidar la calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, publicada por Transparency International, que ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado. España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC 2020. España se sitúa en el puesto número 14/27 de la UE, bajando dos posiciones.

El estudio Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, elaborado por Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez y publicado por la Fundación BBVA, señala que la calidad institucional está en España por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el nivel de desarrollo alcanzado por su economía. Y concluye que en el contexto de las economías avanzadas, España presenta un déficit de calidad institucional que se concentra en los aspectos de calidad regulatoria, respeto a la ley y los contratos y, sobre todo, control de la corrupción. Además, la dinámica de los últimos años muestra una trayectoria ligeramente decreciente.

Así, según las respuestas dadas al Eurobarómetro, en España está muy instalada la creencia de que el dinero “compra” influencia en la política. Igualmente, entre los ciudadanos españoles está extendida la percepción de que negocios y corrupción van de la mano. Estas percepciones son más fuertes entre las empresas españolas, de las cuales un 91% ve excesivos vínculos entre dinero y política, y el 93% cree que la corrupción daña los negocios.

El Gobierno ha recibido un reciente tirón de orejas por la lentitud de la transposición de las Directivas Comunitarias en temas de corrupción. De una parte, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, en su informe sobre la situación de la lucha contra la corrupción en España, reprende al Gobierno al considerar que las medidas legislativas contra la corrupción adoptadas en los últimos tiempos se centran en los funcionarios públicos en general, pero estima que “no hay ninguna indicación sobre cómo esas medidas abarcarían específicamente las esferas de riesgo de conflicto de intereses y corrupción con respecto a las personas con funciones ejecutivas superiores”. Añade el Greco en su informe que “estas categorías de personas, que son el foco de análisis del Greco, enfrentan algunos desafíos diferentes de otros servidores públicos por la naturaleza política de su papel y estrechas interacciones con el sector privado”.

Las normas pendientes de aprobación forman parte del IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, que recoge el conjunto de actuaciones a las que se compromete la Administración del Estado. El Gobierno realizó una encuesta interministerial en 2020 que arrojó que, en particular en cuanto a la prevención de conflictos de intereses, hay disparidad de opinión entre los distintos departamentos sobre si los mecanismos de integridad vigentes son suficientes para detectar y prevenir tales situaciones.

Así, los Ministerios que consideran que las medidas actuales no son suficientes, proponen diversas actuaciones para una mayor eficacia, como el desarrollo legal y reglamentario del Código de Conducta del Estatuto Básico del Empleado Público para establecer un régimen disciplinario y sancionador; la ampliación del tratamiento de posibles conflictos de intereses a otros puestos de la Administración; la elaboración de guías de prevención de conflictos de intereses y establecimiento de canales de comunicación que aseguren su conocimiento por parte de todo el personal del departamento.

También, se considera necesaria la implementación de pautas para establecer conflictos de intereses entre el trabajo desarrollado durante la etapa de alto cargo y el trabajo que posteriormente se pretenda desarrollar, así como la implantación de códigos éticos e instrucciones de buenas prácticas para ámbitos de actividad concretos (contratación, incompatibilidades, etc.), así como para grupos de interés.

En la misma línea se aboga por la implantación de mecanismos de detección temprana; la aplicación de inteligencia artificial aplicada y big data; y la comprobación de la situación administrativa de los empleados públicos con las altas en otros regímenes de la Seguridad Social.

Una parte de las denuncias planteadas en los Ministerios se refieren a situaciones de cohecho, conductas dolosas relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados, irregularidades en la contratación y la gestión económica o prevalencia de la condición de empleado público para obtener beneficios indebidos.