Propuestas para un debate en materia de políticas de vivienda

E n este año van a celebrar sus convenciones los dos grandes partidos de nuestro país. En estos congresos se postulan lideratos, posicionamientos y líneas estrategias de acción política que con posterioridad tienen su desarrollo en los distintos congresos territoriales. Esas estrategias suelen formularse en un documento, Ponencia Marco, en el que se recogen las ideas y objetivos de la acción política de cada partido, no solo su vida interna u orgánica sino fundamentalmente en su acción política frente a la ciudadanía, algo que se concreta posteriormente en forma de programas electores y finalmente bien en forma de acciones de gobierno, bien de oposición.

El partido que gobierna hoy en España celebrará el próximo mes su 40 Congreso Federal. En su Ponencia Marco se contiene, en el apartado de políticas del bienestar, una serie de propuestas en materia de vivienda que desde el inicio se marcan a éstas el objetivo de servir, nada más y nada menos, para “garantizar una vida digna”. Veamos algunas de las propuestas y apuntemos otras:

Desde postulados conectados con los ODS de la Agenda 2030, es de aplaudir la referencia a modelos europeos que nos acerquen a nuestros vecinos y donde ha de tomar especial protagonismo la promoción de vivienda pública. En la actualidad el Gobierno prevé una inversión pública inicial de 5.800 millones de euros, 4.800 para rehabilitación y 1.000 para promoción de viviendas. Una propuesta a realizar al texto inicial de la ponencia (hoy en periodo de enmiendas) podría ser la reorientación del ICO para facilitar la financiación de las actuaciones de rehabilitación y promoción. ¿Se acuerdan del Banco Hipotecario de España? Ha de crearse un significativo Parque de Viviendas de Alquiler Asequible y Social que retome la iniciativa pública en la materia -hoy prácticamente desaparecida-, dando así cumplimiento al mandato de nuestra Constitución de intervenir en el mercado inmobiliario para corregir sus desequilibrios. En esta línea sería bueno apuntar tanto al horizonte 2050 como al objetivo de alcanzar la ratio europea de 65 viviendas de alquiler social por cada 1.000 habitantes.

Lo anterior debe acompañarse de una mejora del marco fiscal y de garantías públicas al alquiler que sirvan de estímulo para la concertación con los propietarios de una oferta a precios asequibles, especialmente en zonas tensionadas y cuando se alquile a colectivos con especiales dificultades de acceso. Así, es preciso actuar frente a los incrementos abusivos y especulativos de los precios de los alquileres, articulando mecanismos para que el gasto en vivienda de una familia no represente más del 30% de sus ingresos ordinarios.

Se propugnan actuaciones directas e inmediatas frente a la vulnerabilidad residencial y el sinhogarismo, que afectan de forma estructural a capas cada vez más amplias de la población; y ello sin olvidar la aplicación prioritaria de programas de ayuda a las víctimas de violencia de género y personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, y potenciando la regeneración y renovación de barrios y entornos degradados. Otra gran línea de acción que la ponencia debería abordar, es la de la vivienda protegida, a través de la progresiva recuperación de las ayudas a la misma en su promoción y adquisición, y sin perjuicio de otras ayudas como las de arrendamiento. Sobre ello se propone además la calificación indefinida para este tipo de viviendas, algo que ya se ha realizado en alguna Comunidad Autónoma como la vasca, pero que, en el resto del territorio nacional, ha sido fuente de notoria controversia.

Igualmente, la ponencia podría plantear actuaciones habitacionales específicas, en el ámbito rural y en territorios con notable dispersión poblacional, centradas en nuestros pequeños municipios, pues no cabe hablar de lucha contra la despoblación sino se plantean al tiempo soluciones a la cuestión habitacional en el medio rural. En el ámbito de la rehabilitación la misma ha de alcanzar, aún, mayor protagonismo de la mano de la llegada de los Fondos europeos de recuperación que tendrán a la eficiencia energética como gran protagonista a través de nuevos modelos de construcción más eficientes (Passivhaus).

Ha de realizarse una general innovación y diversificación de los formatos y las tenencias habitacionales para dar respuesta a diferentes necesidades vitales, incorporando conceptos como los de alojamientos temporales, modalidades residenciales tipo cohousing, viviendas intergeneracionales, cooperativas de cesión de uso, etc.

La gran apuesta es el planteamiento de una Ley estatal por el Derecho a la Vivienda con objetivos tan ambiciosos como regular la garantía del derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible para todos; la regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general; la delimitación blindaje de la función social de la vivienda definiendo un estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad (como sucede en la regulación urbanística del suelo); la promoción del desarrollo de los parques públicos de vivienda estables; el refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia; y el avance en transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda. Esta iniciativa, ineludible ya en estos tiempos, tendrá varios hándicaps, pero ente ellos estará tratar de lograr el apoyo del resto de fuerzas políticas, siendo lo deseable el alcanzar un verdadero “Pacto de Estado”; y en cuanto a sus contenidos, siempre sobrevolará la cuestión de si alcanzar para este derecho de acceso el estatus de derecho subjetivo reclamable ante los Tribunales.

En materia de urbanismo, debieran asegurarse en aquellos ámbitos territoriales donde exista demanda de vivienda protegida, las reservas de suelo suficientes para su atención, potenciando el retorno de plusvalías a manos públicas a través de los instrumentos de los Patrimonios públicos de suelo. Igualmente, han de evitarse los fenómenos de gentrificación evitando fracturas y segregaciones que reflejen y agraven situaciones de desigualdad y procesos de exclusión. Cuestiones plurales y profundas que ya se plantean en ámbitos diversos de nuestra sociedad y que toman cuerpo como documento político que, si se quiere abordar de forma decidida el problema del acceso a la vivienda en este país, habrán de revertir a la sociedad para su eventual y definitiva implantación. Habremos de estar al tanto.