Financiar pleitos: Bruselas quiere regular esta tendencia
La Unión Europea ya busca formas de controlar este riesgo inversor, la financiación privada de litigios, que proporciona alta rentabilidad.
Adicionalmente a la tradicional actividad inversora en activos inmobiliarios, o la más actual inversión en criptodivisas -apuestas de mayor riesgo, pero de mayor rentabilidad- en algunos países se ha venido desarrollando un mercado de inversión centrado en los procedimientos judiciales, gracias a lo cual un demandante que puede tener un buen caso, pero no los fondos suficientes como para poder afrontarlo, obtiene financiación para enfrentarse a los altos costes derivados de un proceso judicial.
En efecto, la financiación privada de litigios ajenos es una práctica creciente a través de la cual una serie de personas que actúan como inversores independientes financian a alguno de los contendientes o, incluso a un grupo de afectados para presentar una demanda colectiva, cubriendo los costes del proceso o cualesquiera otros gastos en los que dicha parte pueda incurrir. Todo ello, a cambio de un porcentaje de lo obtenido en caso de resultar ganadores en el proceso, explica Francisco Pérez Bes, socio de Derecho digital en Ecix Group. Esta iniciativa, de origen norteamericano -comúnmente conocida como third party litigation funding (TPLF)- también se extiende a procesos arbitrales y procedimientos de insolvencia.
Tal situación puede suponer un obstáculo para el correcto funcionamiento del mercado interior. Una falta de claridad en las condiciones bajo las cuales los inversores en pleitos operan en cada uno de los países y una falta de homogeneidad en el marco legal aplicable entre los distintos estados miembros, conlleva riesgos de, entre otros, fórum shopping que conviene evitar.
La comisión de asuntos jurídicos de la Comisión Europea ha presentado una propuesta de resolución, de fecha 17 de junio, para la aprobación de una Directiva que regule la actividad de financiación privada de litigios, al objeto de que se regulen los derechos y obligaciones de las entidades que se dediquen a este tipo de actuaciones, y de dotar de una mayor transparencia y lealtad en el desarrollo de estas iniciativas. La propuesta de Directiva también persigue establecer salvaguardas para prevenir conflictos de interés, abandono de los litigantes una vez iniciado el juicio, demandas abusivas o el desequilibrio en el reparto de beneficios entre los demandantes y estos patrocinadores de pleitos, tal y como explica Pérez Bes.