La información sobre sostenibilidad tendrá cada vez más peso para obtener financiación
La información no financiera ha llegado para quedarse. Los nuevos reportes en materia de sostenibilidad han venido para quedarse. Los auditores consideran que si no se es sostenible se estará fuera del mercado, pero con la obligación añadida de comunicarlo y verificarlo de manera adecuada.
La Comisión Europea ha incluido la revisión de la Directiva Europea referente a la información no financiera entre los proyectos incluidos en el programa denominado UE Green Deal. Un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de recuperación Next Generation EU y el Presupuesto de siete años de la UE financiarán el Pacto Verde Europeo. De esta forma, Bruselas ha adoptado una serie de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, sobre una base comparativa sobre los niveles registrados en1990.
Bruselas se prepara para obligar a todas las grandes empresas y a las cotizadas comunitarias a informar del impacto de su actividad en materia sostenible. Así, trabaja en la elaboración de un paquete de medidas normativas para reorientar las inversiones hacia objetivos sostenibles en la UE y mejorar la transparencia. Y dentro de este paquete se cuenta con la Directiva sobre información no financiera, para crear un conjunto de normas que, con el tiempo, igual en el nivel y las exigencias de la información sobre sostenibilidad a la información financiera. Bruselas prevé que las empresas tengan que publicar por primera vez esta información en 2024, con datos del ejercicio de 2023.
La modificación ampliará los requisitos para todas las grandes empresas y compañías que cotizan en Bolsa. De este modo, a partir de la entrada en vigor de la modificación legislativa más de 40.000 empresas de la UE estarán obligadas a reportar la información no financiera frente a las 11.000 que están sometidas actualmente a estos requisitos.
La propuesta establece que una inversión podrá ser catalogada como verde si contribuye sustancialmente a la mitigación y la adaptación al cambio climático. La propuesta de Directiva prevé que el sistema cubrirá 13 sectores económicos, como la energía renovable, el transporte o la construcción.
De esta forma, se cubre el 40% de las empresas cotizadas en sectores que son responsables de casi un 80% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero. Los requisitos serán menores para las empresas más pequeñas para evitar una carga administrativa excesiva, teniendo en cuenta que proporcionar estos datos ayudará cada vez más a conseguir financiación.