Las estrecheces en el control sobre la contratación pública

Las cuestiones relacionadas con la contratación pública tienen un peso relativamente importante en el conjunto de las denuncias. En términos de licitación, el 52,23% de la contratación de todo el Sector Público corresponde a Entidades Locales, aunque en términos económicos es el sector público estatal quien tiene el mayor peso porcentual (43,7%). El 77,65% de la contratación del Sector Público se gestiona de acuerdo al procedimiento abierto o abierto simplificado. El tiempo de tramitación medio del procedimiento abierto es de 123 días (4,1 meses), mientras que el procedimiento simplificado tiene una tramitación media de 85 días (2,8 meses).

En términos de concurrencia, en el procedimiento abierto la media de licitadores es de 4,30 (4,25 en su versión “simplificada”), siendo en el sector público autonómico donde se alcanza una mayor concurrencia de media en el procedimiento abierto (5,22 licitadores).

En cuanto a la reducción del coste económico obtenido con el importe con el que finalmente se adjudica la licitación, son los procedimientos abierto y abierto simplificado los que obtienen una mayor baja con un 14,13% y 15,69%de promedio. Teniendo en cuenta que la baja media en los negociados sin publicidad es de un 3,39%, se puede concluir que la mayor concurrencia afecta, sin duda, al precio final del contrato y, especialmente, incide en la bajada respecto al presupuesto base de licitación.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), según señala su informe de 2020, recibió el el año pasado un total de ocho denuncias, cada una de las cuales se referían a irregularidades en la contratación menor, deficiencias en la ejecución del contrato, apertura de procedimiento urgente, ausencia de publicidad, concesiones y contratos en materia de publicidad.

Un problema fundamental denunciado por la OIReScon es no hay datos agregados de la contratación menor del sector público, no siendo posible su análisis sistematizado.

A la vista de estos exiguos resultados, OIReScon anuncia que, durante 2021se realiza una campaña de difusión entre los distintos agentes que intervienen en el proceso de la contratación pública a efectos de favorecer el uso de este instrumento, que entienden que puede ser útil para ayudar a una correcta aplicación de la normativa en materia de contratación pública.

Resalta en este ámbito de prevención y lucha contra la corrupción y conflicto de intereses, el papel que la Ley concede a esta Oficina, al señalar en el artículo 332.6.e) que la OIReScon debe verificar que se aplican con la máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar las irregularidades que se produzcan en materia de contratación. Además de la actividad de la OIReScon, en la actualidad funcionan oficinas antifraude en Cataluña Comunidad Valenciana, Baleares, Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Barcelona, así como en la Agencia del Área Metropolitana de Barcelona.

Por ello, la OIReScon ha publicado también, su informe de las agencias y oficinas antifraude regionales y locales. En ella, señala que las comunicaciones recibidas por las agencias u oficinas antifraude, cifrándose para 2020 en un 11,42% del total de las misma, según datos del . En determinados casos, como la Oficina de Antifraude de la Comunidad Valenciana, llega a alcanzar hasta el 25,22%. Este año se consolida la tendencia de que el contrato de servicios es el más denunciado (68,46%), constituyendo un área de riesgo.

Las causas de denuncia y comunicación en materia de contratación pública predominantes han sido la supuesta existencia de irregularidades en la adjudicación del contrato, así como en su ejecución, aunque con menor peso que que en el ejercicio de 2019. Los tipos de irregularidades se refieren fundamentalmente a las referidas en el pliego;conflicto de interés; tráfico de influencias; vulneración normativa; trato de favor a empresa; irregularidades en la tramitación del expediente o licitación del contrato; fraccionamiento en varios contratos; ejecución de contrato; subcontratación; sobrecoste; ausencia de contrato; y práctica colusoria.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, como no podía ser de otro modo, ha introducido la prioridad que en el ámbito de la contratación pública supone la prevención y lucha contra la corrupción.

De un total de 130 denuncias y comunicaciones admitidas en 2020 por estas agencias territoriales, son 54 las que han causado la apertura de un procedimiento o expediente de investigación, mientras que un total de 76 no han tenido esta consecuencia. De esas 54 admitidas, 24 han sido comunicadas o remitidas a la fiscalía para su oportuna investigación en ámbito judicial.

La OIReScon considera que sigue resultando especialmente significativo el alto porcentaje de denuncias en tramitación (62,31%), ligeramente superior a la existente en el ejercicio de 2020 (50,85%). Al respecto señala que esta situación afecta directamente a este indicador el tiempo y plazo que las Agencias y Oficinas dedican a la fase previa o “actuaciones previas”. En 2019 se puso en marcha el Buzón de la OIReScon, principal vía de denuncias y comunicaciones.