Pedro Muñoz, consejero delegado de LABE Abogados: “Las empresas deben presentar proyectos innovadores para optar a la transformación digital”

La pandemia del Covid-19 y su consiguiente crisis económica y social han causado el cierre de miles de empresas y amenza con una nueva oleada a través de concursos de acreedores, con el transfondo del cambio de Erte por ERE una vez que concluyan las medidas excepcionales.Sobre ello hablamos con el CEO de LABE Abogados

LABE abogados es una firma siempre con una constante búsqueda de la innovación y con más de 30 años de experiencia especializada en la gestión, consultoría y asesoría de servicios legales, contables, fiscales y laborales para pymes y grandes empresas.

¿Qué es lo que diferencia y hace diferente a LABE Abogados?

Qué nosotros estamos perfectamente asociados con nuestro cliente aportándole soluciones que aumentan la rentabilidad y optimización de los procesos. Por tanto, ya no somos un simple despacho de abogados de estilo decimonónico, de estilo clásico. Somos un despacho donde prima la meritocracia, la democracia y la igualdad en el seno de las colaboraciones laborales empresario-patrón en beneficio de los clientes que pagan por los servicios por nuestra orientación jurídica. Siempre optamos por soluciones innovadoras, proporcionales al rendimiento que aportamos. No somos un prestador de servicios jurídicos para un cliente. Somos un socio de cada uno de los clientes que recibe el servicio de esta casa.

¿Se están convirtiendo las empresas en oficinas de las Administraciones?

Hoy en día estamos ante un proceso de digitalización de las Administraciones públicas y de la relación del usuario directamente con ellas. El uso de las sedes electrónicas facilita y agiliza los trámites y la burocracia. Por tanto, hoy los despachos de abogados y las Administraciones Públicas tienen que estar preparados para mantener una intercomunicación en materias de cumplimentación administrativa de manera electrónica, digital y telemática.

¿Cuál es el futuro de los Erte?

Mientras exista la pandemia y no haya una inmunidad de rebaño y el 70% de la población no esté vacunada, será difícil mantener las condiciones normales de trabajo y, por tanto, muchas empresas, sobre todo en sectores estratégicos, como es la hostelería, tendrán que mantenerse cerradas de manera provisional hasta que se alcance ese objetivo de tener a la población vacunada en un 70 o 80%. Por lo tanto, es aconsejable prorrogar los Erte, como ha dicho la CEOE y los sindicatos en el Pacto Social.

¿Se van a convertir los Erte en Eres?

Nos vamos a encontrar con una avalancha de procedimientos concursales y antes o después de esta avalancha se tendrán que llevar a cabo muchos expedientes de regulación de empleo de naturaleza permanente, lo cual va a llevar a muchas empresas que no pueden despedir durante la pandemia a tener que resolver un montón de relaciones laborales o bien en un procedimiento concursal o bien mediante un expediente permanente y definitivo de regulación de empleo.

¿Está preparada la legislación para esta avalancha?

Actualmente tenemos un tope para presentar procedimientos concursales, pero una vez que llegue septiembre y los procedimientos concursales ya se puedan presentar, el procedimiento de concurso exprés, que permite la emisión directa del auto del juzgado de lo Mercantil, con liquidación de los haberes y del capital ordinario, permitirá acortar los concursos, además de utilizar el juzgado Mercantil para la liquidación y resolución de los contratos laborales.

¿Qué recomienda a pymes y autónomos para acceder a los fondos europeos?

Que presenten proyectos innovadores y novedosos para poder optar a la transformación digital, utilizando como cauce de financiación esos fondos europeos, que se van a orientar directamente a sectores productivos estratégicos de la economía española. Aquellos sectores que no son productivos tendrán un problema de acceso a esos fondos europeos.

¿Cree qué con respecto a los planes de igualdad, las empresas no se han dado por aludidas en este aspecto?

Sí. Hay muchas empresas que aún no se han dado por aludidas, porque el Ministerio de Igualdad y Asuntos Sociales no ha empezado a imponer las funciones coercitivas, que dimanan de no haber registrado el plan de igualdad que ya es obligatorio desde el pasado 14 de abril para las empresas de más de 50 trabajadores en plantilla.