Llega la hora de la verdad para saber si estos proyectos, tras años de diseño, funcionan

La hoja de ruta de Justicia 2030 iniciada por el Gobierno aspira a lograr la transformación del modelo de Justicia de España. Se trata con ella de impulsar el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia. Tradicionalmente ha existido un gran desinterés político y social acerca de la relación entre la economía y las instituciones judiciales en España. Esta situación ha sido más que evidentes, tanto en el plano estatal, como en el de las comunidades autónomas. Sin embargo, el sistema judicial ha sido un gran impulsor del crecimiento económico, en una sociedad cada vez más compleja, diversificada y cambiante.

El nuevo modelo de Justicia, que ha venido fraguándose desde hace más de una década, se basa en la accesibilidad, las nuevas tecnologías. La eficiencia y la sostenibilidad. El proyecto está organizado en nueve grandes programas, con 27 proyectos y 47 subproyectos. Entre las que cabe destacar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, la que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; o la Ley del Derecho de Defensa, entre otras.

La atención en estos momentos se centra, no obstante, en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios. Se pasa de tener más de 3.500 tribunales, a tener 431, uno por partido judicial, con salas en lugar de juzgados unipersonales y con el auxilio de las nuevas tecnologías y de la oficina judicial, dos elementos que ya van teniendo un amplio recorrido, lo que ha ido permitiendo ajustar y evitar las deficiencias que han ido apareciendo en sus procesos de implantación.

La especialización tiene que facilitar el establecimiento de criterios comunes entre los miembros de un tribunal, a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales, y requerir motivación en el caso de apartarse del criterio común, lo que generará una nueva dinámica a la hora de relevar los recursos.

No menor importancia tienen que adquirir las Oficinas de Justicia en los municipios, que vienen a sustituir a los jueces de Paz. Se busca con ello, reducir la brecha territorial, digital y ecológica, “acercando al ciudadano los servicios públicos”. Según los datos del Ministerio de Justicia, las 7.700 Oficinas de Justicia que se van a poner en marcha serán atendidas por personal de la Administración de Justicia. En concreto, 3.050 personas que de forma presencial, muchas de ellas en el mundo rural. En algunos lugares de forma permanente, en otros con periodicidad semanal. Se trata un importante esfuerzo por atender la cada vez más amplia España vaciada. Es un plan muy meditado, que bien merece un pacto de los Grupos Políticos y Sociales para impulsar la Economía y las relaciones sociales.