La UE impondrá normas sociales y medioambientales
Se aprobará un código de sanciones, un mecanismo de control de emisiones y las empresas deberán aplicar el ‘compliance’
La Unión Europea (UE) se va a dotar este mismo año de una nueva legislación que obligará a las empresas a respetar estándares medioambientales, de derechos humanos y sociales en sus cadenas de producción, según los términos de la iniciativa legislativa aprobada por el Europarlamento, con 504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones.
En el texto aprobado, la Cámara reclama la adopción urgente de normas comunitarias vinculantes para los Estados de la UE que regulen la responsabilidad de las compañías, junto con un paquete de medidas sancionadoras para las que provoquen un daño (o contribuyan a ello) sobre los derechos humanos, medio ambiente o gobernanza, así como una estructura judicial especializada.
Las empresas que quieran operar en la UE, incluidas las no residentes territorio europeo, deberán probar que cumplen los estándares de diligencia en lo referido a derechos humanos y medio ambiente, aplicándoles medidas proporcionales basadas en la probabilidad y gravedad del daño, el sector de actividad, el tamaño de la entidad y la extensión de la cadena de valor. Por ello, los acuerdos comerciales de la UE deberán incluir todos estos objetivos.
El Parlamento pide medidas adicionales, incluida la prohibición de la importación de productos vinculados a graves violaciones, como el trabajo infantil o forzoso. Para garantizar el derecho de las víctimas a obtener reparación, las empresas serán consideradas legalmente responsables por sus acciones y podrán ser sancionadas por el daño causado o su contribución, a no ser que puedan demostrar que actuaron en línea con las obligaciones de diligencia debida y tomado medidas para evitar el efecto adverso.
Para que las condiciones de competencia sean justas, el futuro marco legislativo sobre diligencia debida debe ser amplio y aplicarse a todas las grandes compañías sujetas a las leyes europeas o establecidas en territorio de la UE, incluidas las que ofrecen servicios financieros. Las reglas también deberán aplicarse a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que cotizan en bolsa y las pymes de alto riesgo, que deberían recibir ayuda técnica para cumplir los requisitos.
«La nueva legislación sobre diligencia debida tiene que fijar estándares para una conducta empresarial responsable dentro y fuera de Europa. No podemos aceptar que la deforestación o el trabajo forzoso sean parte de la cadena global de suministro. Las empresas deben hacer lo necesario para evitar que su actividad provoque daños a las personas y al planeta. Las reglas también deben dar a las víctimas el derecho a recibir asistencia y buscar compensación, garantizando a la vez condiciones equitativas y seguridad jurídica a las empresas”, señaló la ponente, la eurodiputada Lara Wolters
Por otra parte, el Pleno ha adoptado con 444 votos a favor, 70 en contra y 181 abstenciones, una resolución sobre el establecimiento de un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono compatible con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El Parlamento quiere que el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono se encuadre en una estrategia industrial más amplia y que abarque todas las importaciones de productos y materias primas cubiertos por el sistema de comercio de emisiones. Las empresas que quieran operan en la UE, incluidas las que no tienen sede en territorio europeo, deberán probar que cumplen los estándares de diligencia en lo referido a derechos humanos y medio ambiente.
El texto subraya que la creciente ambición de la UE en la lucha contra el cambio climático no debe conducir a la llamada «fuga de carbono», pues el esfuerzo no dará resultado si la producción de la UE simplemente se traslada a otros países con reglas menos estrictas para las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los eurodiputados plantean fijar un precio a la importación de ciertos productos si vienen desde países cuyos objetivos medioambientales no son lo suficientemente ambiciosos. Esto crearía unas condiciones de competencias más justas e incentivaría a todos los países a intensificar sus esfuerzos para lograr los objetivos del acuerdo de París.El Parlamento recalca que cualquier mecanismo debe ser compatible con las reglas de la OMC y no ser utilizado como herramienta para aumentar el proteccionismo. Tiene por tanto que estar diseñado exclusivamente para impulsar la consecución de objetivos climáticos. Los ingresos generados deben ir al presupuesto de la Unión y dedicarse a la acción por el clima y los objetivos del Pacto Verde.
El Parlamento quiere que el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono se encuadre en una estrategia industrial más amplia y que abarque todas las importaciones de productos y materias primas cubiertos por el sistema de comercio de emisiones. Como punto de partida (ya para 2023), y tras una evaluación de impacto, debe incluir al sector eléctrico y los sectores industriales con gran consumo de energía, como el cemento, acero, aluminio, refinado de petróleo, papel, vidrio, productos químicos y fertilizantes, que reciben importantes derechos de emisión gratuitos y representan el 94% de las emisiones industriales de la UE.