Tímidos pasos para lograr un sistema tributario global más justo
Nadie duda ya del camino recorrido por los consejos de administración e el campo de la responsabilidad social, promoviendo la supervisión y la promoción de las estrategias y prácticas ESG (environmental, social and governance) de las compañías. Se trata de un asunto cada vez más presente en la regulación, en los estándares de referencia, y en las demandas de inversores, gestores de activos y otros grupos de interés.
El medio ambiente, el compromiso social y el buen gobierno forman parte ya de todos los debates institucionales. La pandemia ha movilizado criterios y Administraciones, empresas, instituciones y personas físicas buscan soluciones a problemas globales como el calentamiento global y el incremento de la desigualdad. La sostenibilidad se abre camino, aunque el camino es muy complejo. La reciente reforma del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas ahonda en la relevancia de la información no financiera y la sostenibilidad.En su recomendación 42, atribuye de forma expresa a la comisión de auditoría la responsabilidad de supervisar el proceso de elaboración de la información no financiera, así como los sistemas de control y gestión de los riesgos no financieros.
En el presente ejemplar de la revista recogemos un informe de la fundación Compromiso y Transparencia, en el que se comprueba que la responsabilidad fiscal no ha formado parte de las materias de reporting de las empresas durante mucho tiempo, dándose estas por satisfechas con vagos y genéricos compromisos de cumplimiento con la legalidad y de funcionamiento apegado a la honestidad. No obstante, en los últimos años se han apreciado significativos cambios y las cuestiones de naturaleza fiscal, en muchos casos, sí están integradas en los informes y documentos de rendición de cuentas.
En los últimos tiempos muchos ciudadanos se han sentido indignados con el comportamiento fiscal de determinadas compañías y grupos multinacionales, que valiéndose del complejo Derecho fiscal internacional, de acuerdos individuales alcanzados con Administraciones tributarias, o bien amparándose en la existencia de paraísos fiscales, están rebajando artificialmente su factura fiscal en todos aquellos Estados en los que realmente obtienen su riqueza.
Que solo tres empresas hayan obtenido el calificativo de opacas cuando el primer año esta etiqueta se asignó a 30 de las 35 empresas del Ibex es un hecho que habla por sí mismo. Al igual que el número de empresas calificadas de transparentes haya aumentado de tan solo una a 12 compañías es una esperanza de futuro. Mientras tanto, los países siguen discutiendo la mejor manera de alcanzar una legislación que logre un sistema fiscal global más justo. Largo y tortuoso es el camino que queda por andar.