El PSOE impulsa una reforma sobre los ‘lobbies’ en el Congreso

El texto propone sanciones para los diputados que mientan sobre sus bienes y esta medida reglamentaria prevé la elaboración de un informe de “huella legislativa”.

El Pleno del Congreso de los Diputados debatió la propuesta del Partido Socialista para regular a los lobbies. El texto incluye una regulación del trabajo de los grupos de interés y una reforma para imponer sanciones a los diputados que mientan en las declaraciones de bienes, actividades o intereses que presentan en la institución, una medida que podría llegar, en función de su gravedad, a la retirada de cargos parlamentarios y de los complementos salariales que llevan aparejados. La proposición de ley de los socialistas, recogida por Europa Press, persigue la creación de un Registro de grupos de interés en la Cámara y fijar cómo debe ser su relación con los miembros del Congreso, así como con los empleados de los grupos parlamentarios. El texto tipifica las “infracciones” que pueden cometer los diputados y los grupos. En concreto, definen como tales el incumplimiento de todas obligaciones contenidas en el Reglamento de la Cámara, incluidas las recogidas en el nuevo título relativo a los lobbies.

También incurrirán en “infracción” quienes den datos “falsos” en sus declaraciones patrimoniales, en las que dan cuenta de sus actividades extraparlamentarias y en las que relativas a sus intereses económicos, donde han de consignar, entre otras cosas, para quién trabajaban en el lustro anterior a lograr el acta de diputado. También se considerará infracción “la no presentación” de estas tres declaraciones o la omisión de información obligatoria en las mismas. El PSOE detalla un procedimiento sancionador para los diputados y los grupos que incurran en estas infracciones. El incumplimiento de que se trate podrá ser denunciado por un grupo, la Mesa del Congreso, la Mesa de una comisión o quien ocupe la Secretaría General de la Cámara y la instrucción correrá a cargo de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Esta comisión podrá inadmitir la denuncia si no le ve fundamento, pero la Mesa del Congreso podrá revocar la decisión. Si se abre el procedimiento, se dará audiencia a los afectados, y podrán recabar pruebas, “aplicándose a tal efecto lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo sancionador”. La comisión tendrá un máximo de cuatro meses para resolver y, en función de la gravedad de los hechos probados, “podrá proponer las sancione que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y aplicación en la web del Congreso.