El Gobierno introduce el castigo a las sicav para acabar con los ‘mariachis’

El Gobierno incluyó el martes finalmente un fuerte castigo a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) en el texto de la ley contra el fraude fiscal. El Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista, que endurecen los requisitos para conformar estos vehículos de inversión con el pretexto de que son usados por los grandes patrimonios para defraudar a la Agencia Tributaria.

Con la aprobación del Congreso, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal inicia su camino de tramitación al Senado. Entre otras muchas medidas, el texto refuerza el control sobre las sicav mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que, como mínimo, tienen que ser cien.

Los socialistas esperan así acabar con los llamados mariachis, los inversores de paja que conforman la mayoría de la Sicav pero con el menor de los capitales. El Gobierno insiste en que estas herramientas son utilizadas por los grandes patrimonios, creadas con decenas de mariachis, para eludir el pago de impuestos como Patrimonio. La ley exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes para formar una sicav. Estas sociedades de inversión tributan por sus beneficios como cualquier empresa, aunque mantienen un tipo impositivo del 1 %. Otra ventaja fiscal de las sicav es que también se produce un diferimiento en el pago de impuestos, al no tener que declarar los beneficios, en el caso de que los hubiera, hasta que no se produzca la venta de las acciones de la sicav.

Una de las medidas aprobadas, y no exentas de polémica, en el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal ha sido el permiso para que la Agencia Tributaria realice inspecciones sorpresa en los domicilios y en las empresas. Precisamente este ha sido uno de los puntos por los que el Grupo Popular ha entendido que no podía apoyar con su voto dicha ley, que viene a legislarse en función de la transposición de la Directiva de la (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016. Los populares afirman que “no serán cómplice de este Gobierno que quiere rebajar las garantías, permitiendo las entradas en los domicilios y negocios y las inspecciones sorpresas”. A merced a una enmienda, esta iniciativa ha quedado algo rebajada, estableciendo a las autoridades judiciales el requerimiento de una solicitud que “deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada”. La conocida como la patada de Hacienda en la puerta de los contribuyentes no ha sido el único punto de fricción entre el partido en el Gobierno y el resto de la oposición.