España obliga ya a geolocalizar clientes para la ‘tasa Google’

La Agencia Tributaria exigirá registros de las transacciones e informes; los dos primeros pagos de las empresas a Hacienda serán este mes de julio

El Gobierno obliga ya a las tecnológicas que operan en España a geolocalizar a sus clientes para determinar si están sujetos al Impuesto sobre los Servicios Digitales -la llamada tasa Google- que el Ejecutivo aprobó a principios de año. La Agencia Tributaria (Aeat) exigirá a las empresas proporcionar registros de las transacciones y un informe descriptivo para liquidar el impuesto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 6 de junio el Real Decreto 400/2021 con los pormenores y las pautas para aplicar la tasa Google en España. El impuesto se recaudará trimestralmente y los dos primeros pagos deberán realizarse en julio. Hacienda espera recaudar 968 millones de euros anuales a partir de ahora. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reduce esta cantidad a la mitad, y prevé que los ingresos fiscales se situarán en torno a los 546 millones de euros.

“El lugar de localización del dispositivo viene dado por todos los detalles de la dirección que proporcione la tecnología de geolocalización empleada, entre ellos, en su caso, las coordenadas de latitud y longitud”, apunta el Real Decreto. “El lugar se obtendrá mediante tecnologías de geolocalización que analizan la información obtenida del dispositivo, de la red de conexión a internet en que se encuentre el dispositivo o de una combinación de ambos”.

El Gobierno sostiene que el Impuesto sobre los Servicios Digitales de España es temporal hasta que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleguen a un acuerdo. La prisa de los países europeos por cobrar a las tecnológicas ha generado una maraña tributaria con 14 Impuestos con diferentes características. “Existe una gran preocupación de que los impuestos unilaterales a los servicios digitales implementados por España y otros países no se eliminen de inmediato, incluso si se llega a un acuerdo para eliminarlos en las reuniones del G20 este verano”, explica Cristina Enache, secretaria general de la Asociación Mundial de Contribuyentes y directora general de la Unión Española de Contribuyentes. “Es posible que España decida mantener el impuesto a los servicios digitales para las empresas que no estarán en el alcance de la propuesta del G7 para respaldar la recaudación de ingresos fiscales demasiado optimista en el Presupuesto de 2021”, añade Cristina Enache.