¿Es la presión fiscal el objetivo?
Uno de los objetivos del Gobierno es ir reduciendo nuestro déficit de presión fiscal con relación a la media de la UE hasta su plena convergencia en 2050. Nuestra presión fiscal, recordémoslo, es, en 2019, un 35,4 %. Le media de la UE, un 41,6 %. Pues bien, la pregunta es si la convergencia es un objetivo en sí mismo. Y la respuesta, para mí, es que no. Y no lo es porque el objetivo es obtener los recursos necesarios para sufragar el gasto. Recursos, claro está, fruto de un sistema tributario justo, sostenible y asumible. La habilidad de todo Gobierno es pues conseguirlo optimizando la presión fiscal.
Por su parte, esta se puede incrementar aumentando los impuestos, la riqueza, o ambos. Si optamos solo por lo primero, y dado que los impuestos son un coste para las empresas, el PIB se contraerá y la renta disponible de los ciudadanos disminuirá. Si optamos por lo segundo, la presión fiscal aumentara si la “nueva” riqueza se grava a través, básicamente, de impuestos progresivos. Pero sea como sea, los recursos y el PIB aumentaran.
En este contexto, se olvida que los recursos tributarios se pueden también aumentar si se reduce nuestra elevada y estructural tasa de paro. A mayor empleo, mayor será la recaudación, cotizaciones sociales incluidas.
Y por regla de tres, a mayor PIB, es decir, a mayor riqueza, mayor es también la recaudación. Lo importante, pues, no es el porcentaje de presión fiscal sino aumentar los recursos a través de un aumento del PIB, esto es, de la riqueza, empleo incluido. La prioridad, por tanto, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; su PIB per cápita. A mayor cuantía de este, mayor es la recaudación y menor es la necesidad de aumentar los impuestos. No olvidemos, por ejemplo, que, frente a una presión fiscal en Alemania, Francia, o Suecia, del 45,1 %, 47,2 %, y 43,4%, nuestro PIB per cápita es de 23.690 €, frente a los 40.120, 34.040, y 45.850 euros respectivamente, de los países de referencia.
En este contexto, no hay que olvidar tampoco que lo prioritario es el gasto. Cuanto mayor sea su eficacia y eficiencia, menor es la necesidad de recursos. Y los impuestos, no lo olvidemos, se destinan a sufragar su importe. Estos, y no aquellos, son pues la prioridad. Pero volvamos a la presión fiscal. El hecho de que esta sea un 35,4%, no significa que, de media, paguemos ese porcentaje en concepto de impuestos.
En efecto, este es el porcentaje que los ingresos fiscales representan sobre el PIB, pero no el que representan sobre las bases imponibles agregadas, importe, por cierto, inferior al del PIB. Esto quiere decir, que la riqueza que se somete a gravamen es inferior a la que en el país se produce. Por tanto, el porcentaje efectivo de tributación sobre la riqueza gravada es superior al que resulta de su comparación con el PIB, esto es, mayor al 35,4%. Los motivos de ello nada tienen que ver con la economía sumergida, si no, entre otros, con el importe de la riqueza exenta o no sujeta a impuestos, y con los déficits de progresividad. De ahí la importancia de “ensanchar” las bases imponibles, y de diseñar adecuadamente la progresividad.
En contrapartida, hay que tener en cuenta que entre los ingresos fiscales que se tienen en cuenta para el cálculo de la presión fiscal, se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social. Si estas se excluyen, el porcentaje de presión fiscal imputable a los tributos estricto sensu es menor.
Pero el dato tal vez más importante es cómo se distribuye la presión fiscal entre los diferentes percentiles de renta, y entre “empresarios” y “trabajadores”. Si tenemos en cuenta las cotizaciones sociales, las empresas son las que mayor porcentaje de tributación efectiva soportan.
No es pues de extrañar que España esté entre los países de la OCDE con mayores impuestos sobre el trabajo; afirmación que significa que si sumamos los impuestos que el trabajador y la empresa pagan sobre los salarios, la fiscalidad sobre el empleo es de las más altas de la OCDE. Por otra parte, estoy convencido de que hay déficits de progresividad importantes, en la medida que esta afecta de forma mucho más intensa a las rentas medias que a las más altas.
Además, digámoslo todo, quedan también fuera del IRPF niveles de renta que, siendo bajos, o medio-bajos, es más que discutible que no hayan de contribuir al sostenimiento del Estado de Bienestar.
En este contexto, es urgente corregir esa anómala distribución del esfuerzo fiscal en términos de progresividad. Si este se distribuye adecuadamente, la recaudación y la presión fiscal aumentara.
En otro orden de cosas, en la cuantía del PIB inciden, también, factores como el modelo económico y la productividad; aspectos directamente relacionados con la formación, las nuevas tecnologías, la seguridad jurídica, la libre competencia, y un largo etcétera.
En este contexto, otro de los objetivos es replantear el amplio elenco de exenciones, reducciones, regímenes especiales, bonificaciones, y tipos reducidos y superreducidos; ajuste que solucionaría nuestro problema de una tributación nominalmente alta pero baja en términos de tipos efectivos.
No hay que olvidar, por último, aumentar la recaudación reduciendo el fraude, o, mejor, la “brecha fiscal”.
Lo prioritario, pues, es aumentar los recursos aumentando el empleo y la riqueza, lo que exige una cirugía exquisita y adecuada.
¿Es pues prioritario aumentar la presión fiscal?
Se lo dejo a su criterio.