El imperio del sol
Después de leer el delicioso ensayo de Jorge Dioni, La España de las piscinas (Ed. Arpa, 2021), he vuelto a reflexionar sobre la dinámica que a principios de este siglo llenó el país de reclasificaciones de suelo y actuaciones de nueva urbanización generando presión sobre el conjunto de las Administraciones públicas, en particular de las locales, encargadas de dirigir y tutelar este tipo de procesos.
La falta de una planificación adecuada, tanto a nivel territorial como local, fue la principal carencia con que esas Administraciones se encontraron a la hora de afrontar el reto que se les presentaba: la ciudad dirigida por el mercado y, frente a ello, unas Administraciones, menores en medios y carentes de todo criterio planificador que pudiese irrogarles la fuerza y los criterios (urbanístico, social, económico, etc.) que la situación requería. El resultado está ahí, solo hay que pararse a reflexionar sobre él.
Hoy las presiones en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística son muy distintas, pero existen. Los que nos dedicamos a la cosa pública del urbanismo, en especial en el ámbito local –donde reside su natural hábitat- vemos como se extiende en el conjunto del país un fenómeno inédito hasta hace escasas fechas: la amplia demanda de suelo rústico para la instalación de parques fotovoltaicos. Parques cada vez más extensos y por tanto con mayores efectos, y de los que apenas teníamos experiencias similares, a salvo -y con sensibles distancias- de los pioneros parques eólicos desarrollados en nuestro país.
La iniciativa privada que promueve estas instalaciones ejerce, al hilo de las sucesivas convocatorias del correspondiente Ministerio, presión sobre los distintos sujetos que viven del territorio y también sobre aquellos agentes que ordenan éste. Ello principalmente en aquellos territorios del centro y el sur de España donde la abundancia de horas de sol y de amplias extensiones de terreno los hacen especialmente idóneos para este tipo de iniciativas. Además de la presión en la tramitación de las correspondientes autorizaciones administrativas, diversas cuestiones han suscitado recientemente una cierta controversia sobre este tipo de instalaciones:
Desde el punto de vista ambiental. El consumo de un recurso limitado, como es el suelo, ha sido criticado desde instancias ambientales, dada la cada vez mayor extensión de estas instalaciones (la mayor del país, sita en Usagre, Badajoz, ocupa 1.000 hectáreas). Esto era algo que se criticaba también a aquellos desarrollos de suelo objeto de actuaciones urbanizadoras de la primera década de siglo, y llevo al reconocimiento de éste como recurso natural y limitado en la normativa de suelo. Cierto es que las evaluaciones ambientales y también los distintos instrumentos urbanísticos que tutelan este tipo de actividades (como son la calificación y la licencia urbanística en Castilla-La Mancha) exigen planes de restauración; pero también a aquellas evaluaciones se les ha criticado que no impidan la proximidad de unas instalaciones con otras, en una especie de conurbación, que además se ha considerado perseguí la minoración de los controles de este tipo de instalaciones.
Desde el punto de vista agrícola. Se ha sostenido también que estas macroplantas suponían la desaparición de cultivos tradicionales y autóctonos, pudiendo llevar incluso a la pérdida de habitantes en la España rural (despoblación). Esta situación es ampliamente controvertida, pero lo cierto es que todo cambio de destino de estas superficies agrícolas ha de contar con el beneplácito previo de sus titulares (movidos por la mayor rentabilidad alcanzada), con lo que la cuestión, en todo caso, podría quedar limitada a los meros empleados de aquellos. Además de ello, hay que sopesar que la pérdida –más o menos absoluta (cada vez se trata más de compatibilizar estas actividades con las propias del sector primario)- de estos cultivos, se hace en pos del desarrollo de energías limpias no contaminantes, uno de los principales objetivos (ODS) de de la Agenda 2030; ello sin considerar los efectos propios de ciertas agriculturas en aspectos tan fundamentales en la materia ambiental como el consumo de recursos hídricos o sus posibles efectos contaminantes.
Con todo lo anterior, la protección de aquellos cultivos que se entienda así lo requieren puede producirse desde diversos títulos competenciales: el más propio es el de la ordenación agraria, como está promoviendo ya el gobierno extremeño respecto a sus zonas de regadío; pero también desde el propio de la ordenación territorial y urbanística que comparten Comunidades Autónomas y entes locales.
Desde el punto de vista urbanístico. Aparte de las situaciones de desborde administrativo que puedan causarse, lo cierto es que la falta de una planificación adecuada de este tipo de instalaciones está causando ciertos conflictos. Las líneas de evacuación y las plantas parten, por lo general, en su planteamiento de criterios puramente funcionales, viéndose constreñidas únicamente por condicionantes físicos y limitaciones sectoriales (ambientales, patrimoniales, etc.), pero la falta de una ordenación territorial de ámbito suprautonómico (por ejemplo, muchas plantas de La Sagra toledana desembocan en la Comunidad de Madrid) condiciona altamente el territorio de pequeños municipios que, o bien carecen de planeamiento urbanístico o bien, teniéndolo, no recoge una respuesta adecuada a los altos consumos de suelo rústico que demandan este tipo de instalaciones, ni tampoco a sus líneas de evacuación que se suceden una tras otra hipotecando gran parte de su territorio.
Municipios como el del Viso de San Juan (Toledo) ya han declarado “non gratas” a este tipo de instalaciones, pero lo cierto es que se echa en falta una planificación desde el Estado, en colaboración con las autonomías, de estas infraestructuras –como sucede, por ejemplo, con las líneas de transporte de Red Eléctrica Española (actualmente está en marcha su proceso de planificación 2021-2026)- considerando su evidente efecto en el territorio. Ejemplos como la Estrategia de Corredores Territoriales de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por más que tenga que recoger estas nuevas actividades, pueden servir de referente.