Víctor Almonacid, secretario de la Administración local, abogado especialista en Derecho Digital: “La digitalización de las Administraciones, clave para la llegada a España de los fondos europeos”

Víctor Almonacid, secretario de la Administración local, abogado especialista en Derecho Digital , acaba de presentar su libro ‘Guía práctica para la implantación de la administración electrónica en el ámbito local’, en el que se comprueba el retraso que existe, a punto de iniciarse el reparto de los fondos Covid de la UE.

Las normas nacionales aprobadas en los últimos tiempos -LPAC y LCSP- para impulsar la modernización de la Administración y que, ante la llegada de ayudas por parte de Europa, se plantea como clave para recibir y ejecutar estos fondos que permitan atajar la crisis económica derivada de la pandemia.

¿Cuáles son las carencias que detecta en la Administración para que después de cinco años desde la aprobación de la LPAC y cuatro de la LCSP siga sin implantar la tramitación electrónica, que es obligatoria?

Podríamos mencionar varios factores, pero el principal sin duda es la falta de liderazgo. Las leyes ponen el escenario, pero son los actores los que tienen que salir a actuar. Por muchas normas que tengamos, si dentro de las organizaciones no se activan los resortes para poner en marcha la maquinaria de la gestión del cambio, el BOE por sí mismo no va a implantar nada. Pero todo empieza con una iniciativa que surge de una o varias personas. Unas personas que dan un paso adelante y deciden impulsar un proyecto de mejora en sus ratos libres, incluso si no los tienen, y además lo hacen contra viento y marea porque lo habitual es que esto les genere un gran desgaste. La principal carencia es, por tanto, que la implantación de la administración electrónica se encuentra a expensas de que alguien coja las riendas y la impulse, algo que a veces ocurre y en otras muchas ocasiones,

¿En qué puede ayudar su guía a las Administraciones, en este sentido?

Bueno, además de “querer”, hay que “saber”. En la guía hemos recogido nuestro conocimiento práctico de veinte años en el desarrollo de proyectos de administración electrónica. He intentado explicar, de la manera más sencilla posible, todos y cada uno de los pasos que, en mi opinión, deberían darse. Además, acompañamos un apartado de “buenas prácticas” con casos reales, para demostrar que esto no es pura teoría, sino que afortunadamente es factible.

En relación con la llegada de los fondos europeos, ¿cómo cree que va a repercutir la falta de digitalización de la Administración en la gestión de los mismos?

Este sería un ejemplo claro de la pescadilla que se muerde la cola. Los fondos deben destinarse a la mejora de la agilidad procedimental, pero no tenemos agilidad procedimental para ejecutar rápidamente esos fondos, aunque necesitamos ejecutar los fondos para tener, al menos en un futuro, agilidad procedimental... Parece un trabalenguas, pero es aún peor de lo que parece. Esos fondos deben destinarse, en parte, a modernizar la Administración, para así mejorar el sistema en su conjunto, la resiliencia de las organizaciones, y lograr una administración que permita teletramitar y teletrabajar en un escenario de pandemia y cambio climático.

¿Qué papel va a jugar la reciente normativa de modernización de la Administración?

Hace unas semanas se aprobó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo cierto es que “de modernización” este RD-Ley tiene poco, al menos de modernización general de la Administración, porque queda claro que se trata de una norma concebida exclusivamente para regular el procedimiento para la ejecución de los fondos europeos. Prevé hacerlo a través de procedimientos más ágiles de lo habitual, con lo que se reconoce implícitamente que con los procedimientos actuales no vamos a ser capaces de ejecutar esos fondos. El Real Decreto-ley entró en vigor inmediatamente, pero si se hubiera cumplido la aludida LPAC, que es de 2015 y sorprendentemente aún no ha entrado en vigor en su totalidad, estaríamos en disposición de ejecutar estas ayudas para seguir modernizando la administración, quizá ya para rematarla definitivamente. Ahora partimos de una situación mucho más atrasada. Estamos peor de lo que Europa cree.

¿Será España capaz de ejecutar los fondos comunitarios?

Hay que asumir que quizá no podamos hacerlo. Además, se trata de fondos finalistas que están destinados a tareas concretas, tareas que la realidad de los últimos años ha demostrado que no interesan demasiado. Pero si la administración no destina los fondos a estas finalidades o no se ejecutan dentro de los plazos establecidos, habrá que devolverlos