Juntas de Accionistas en 2021: directrices para evitar catástrofes

Entre los más importantes de entre los retos legislativos destacan la modificación de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y la incorporación de la Directiva sobre derechos de los accionistas II (SRD II). A ellos hay que sumar las consecuencias derivadas de la crisis del Covid-19 y de las nuevas tendencias de sostenibilidad imperantes ya en los mercados inversores.

Tradicionalmente, el ámbito retributivo es uno de los ámbitos en los que se genera un mayor nivel de disidencia por parte de los accionistas en las juntas y es previsible que esta tendencia se acentúe en esta temporada, según explica el informe Diez años analizando la Temporada de Juntas en España. Preparando la Temporada de Juntas 2021. elaborado por las firmas Georgeson y Cuatrecasas.

Comentan los autores que los inversores esperan que se produzca un cierto alineamiento de la remuneración de los consejeros y altos directivos con el rendimiento del negocio, el retorno de la inversión de los accionistas y la situación del resto de los empleados. Por ello, los Informes Anuales de Retribuciones de los Consejeros (IARC) de 2020 deben contemplar, además de los requerimientos habituales de información y los que puedan llegar a exigirse si se incorpora la Directiva SRD II, los ajustes a la retribución del consejo y alta dirección que puedan haberse aprobado ante la crisis provocada por la pandemia y conforme a las recomendaciones de las autoridades supervisoras.

Cabe esperar que algunas compañías propongan cambios a su política de remuneraciones de consejeros por la crisis Covid-19 y la incorporación de las disposiciones de la Directiva SRD II. Entre otros motivos porque los objetivos y métricas de los programas de retribución pueden haber quedado desfasados o porque la creciente importancia de los criterios ESG -factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo- lleve a reflexionar sobre la conveniencia de introducir o reforzar los objetivos no financieros en la retribución variable de los ejecutivos. Por ejemplo, introduciendo métricas en los planes de retribución variable a corto y a largo plazo sobre cuestiones medioambientales, al capital humano, diversidad o inclusión o seguridad y salud.

Dos normativas en tramitación

Actualmente se debate en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley para modificar el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), sobre la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas (“Proyecto de Ley SRD II). Se espera que el Proyecto de Ley SRD II, sea aprobado próximamente. Si se mantiene, en lo esencial, su contenido sobre gobierno corporativo de las compañías cotizadas españolas de cara a las Juntas de 2021 afecta a importantes aspectos de su desarrollo. Así, los gestores de activos y otros inversores institucionales tendrán que hacer públicas, con carácter anual, sus políticas de implicación y cómo las aplican. Deberán detallar cómo se integra la implicación de los accionistas en su política de inversión, cómo han ejercido los derechos de voto en las juntas de las sociedades en las que invierten y si han utilizado servicios de asesores de voto (proxy advisors), y, en su caso, por qué no han seguido las pautas de transparencia de la implicación.

Los emisores tendrán derecho a conocer la identidad de los accionistas y de los beneficiarios últimos de los derechos económicos y políticos asociados a las acciones. Con este detalle de beneficiarios finales podrán, mediante procesos adicionales, conocer a las entidades gestoras (investment managers) que son quienes toman las decisiones sobre los derechos políticos de las acciones. Además, el Proyecto de Ley SRD II prevé establecer ciertas obligaciones para los intermediarios de transmisión de información y facilitación del ejercicio de los derechos de los beneficiarios últimos.

Los asesores de voto con domicilio, o establecimiento principal en España, o que solo tengan uno en España, cuando no estén domiciliados ni tengan el principal en otro Estado Miembro de la UE, tendrán nuevas obligaciones de transparencia y gestión de los conflictos de intereses. El objetivo será paliar posibles fallos en la actuación de estos agentes ante el creciente papel que van a asumir como consecuencia del aumento de la implicación accionarial. Este nuevo requerimiento será de aplicación para el único asesor de voto domiciliado en España.

La normativa elevará a rango legal algunas recomendaciones del Código de Buen Gobierno (CBG), en particular, la vinculación de la retribución a criterios no financieros. Se modificará el régimen de publicación y aprobación de la política de remuneraciones, que se tenga que incorporar al informe de gestión y ser aprobada antes del ejercicio en que comience a aplicarse. El Proyecto de Ley SRD II aclara también los procedimientos a seguir cuando la junta no aprueba la política retributiva o el IARC. Este último informe estará disponible en la web de la compañía durante un plazo de, al menos, diez años.

Explica el informe de Georgeson y Cuatrecasas, que se reformará, en profundidad, el régimen de las operaciones vinculadas. Entre otros, se propone una definición del concepto de operación vinculada por remisión a la NIIF 24, se amplía la lista de personas vinculadas a los consejeros, se flexibiliza el régimen de operaciones vinculadas intragrupo y se establece una amplia regulación del régimen de gestión, aprobación y publicidad de las operaciones con partes vinculadas. Además, los consejeros de sociedades cotizadas deberán ser personas físicas. Como excepción, podrán ser consejeros dominicales personas jurídicas que representen al sector público.

Una importante novedad es la introducción en nuestro derecho las acciones de lealtad o loyalty shares, que permitirá a las cotizadas que los estatutos otorguen derechos de voto adicionales a las acciones que haya mantenido su titular ininterrumpidamente un mínimo de dos años. Además, se flexibiliza el régimen de las ampliaciones de capital y obligaciones convertibles. Así, se reducirá de 15 a diez días el plazo mínimo para ejercer el derecho de suscripción preferente y se suprimirá, con carácter general, el informe de experto independiente para la exclusión del derecho de suscripción preferente.

Diversidad de género

Continúa explicando el informe de Georgeson y Cuatrecasas que la presencia de mujeres en los consejos seguirá cobrando mayor relevancia en las juntas y, con ello, el riesgo de voto en contra del presidente de la comisión de nombramientos en las compañías que no alcancen el umbral mínimo. En esta línea se han manifestado los principales proxy advisors (ISS y Glass Lewis), quienes en sus Directrices para la Temporada de Juntas 2021, han manifestado mayor rigidez. Glass Lewis dice que en las compañías del Ibex-35 y del Medium-Cap, se debe alcanzar, al menos, el 30% del género menos representado en el consejo. Advierte que podrá recomendar votar en contra del presidente de la comisión de nombramientos cuando esto no ocurra y no ofrezca una justificación adecuada. ISS anuncia que aunque la medida será de aplicación en 2022, recomendará votar en contra del presidente de la comisión de nombramientos, en las empresas de gran tamaño.

La importancia de la comisión de nombramientos y retribuciones ha ido ganando protagonismo en los últimos años. Cada vez son más los que sostienen que debe adquirir mayor protagonismo en los procesos de engagement con proxy advisors e inversores institucionales. Se espera que la comisión ejerza un papel predominante, tanto en la discrecionalidad que pueda ejercer en materia retributiva, como en el nivel de transparencia de la información que se divulgue al mercado en el IARC.

Explicar elevados niveles de disidencia

Tanto los proxy advisors como los inversores institucionales esperan, en las compañías con un elevado nivel de disidencia en cualquier punto del orden del día de las juntas de accionistas de 2020, un plan de acción específico para reducirlo. Este hecho es muy importante en retribuciones, diversidad de género e independencia en el consejo. En relación con la gestión de riesgos, será necesario reforzar los relativos a situaciones de crisis globales o pandemias mundiales. En cuanto a aspectos sociales, que antes apenas se incluían en las agendas de los consejos, cobrarán gran relevancia en 2021. La pandemia ha impulsado un nuevo paradigma empresarial en el que se espera que las compañías trasciendan al interés legítimo de sus accionistas y tengan en cuenta a sus otros grupos de interés -trabajadores, proveedores, clientes y comunidad en que opera-. Por ello, el reporting de información no financiera será objeto de mayor escrutinio.