Los economistas quieren extender la información no financiera a las pymes

Los economistas apuestan por que la obligación de las empresas de llevar información no financiera se extienda a todo tipo de empresas del ámbito privado y público, aunque abogan por la adopción de medidas de protección para las pymes, que eviten un aumento de los costes de gestión

La información no financiera recoge los aspectos ambientales, sociales o de gobernanza que surgen en el desarrollo de la actividad de una empresa, entidad e institución pública o privada. De acuerdo con la normativa actual, sólo las empresas de determinada dimensión están obligadas a emitir informes sobre información no financiera.

La extensión de la obligación de publicar la información no financiera, es una de las condiciones en la que coincidieron los diferentes ponentes que han intervenido en una reciente jornada sobre esta materia, organizada por el Consejo General de Economistas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac) y el European Financial Reporting Advisory Group (Efrag). Además, se abogó ayer reiteradamente por una adecuada proporcionalidad para las pymes, debiéndose apostar por una serie de incentivos para que éstas incrementen la elaboración de los estados de información no financiera; lo que -según el Consejo General de Economistas- sin duda será bueno para la economía y el conjunto de nuestro país.

En España la transposición de esta Directiva se ha llevado a cabo con la Ley 11/2018 por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, a través de la cual se obliga a una serie de empresas -las de cierto tamaño, como más adelante veremos- a elaborar y verificar su información no financiera a partir del 1 de enero de 2018. En junio de 2020, la Comisión Europea (CE) emitió una solicitud de asesoramiento que encomienda al Efrag la labor preparatoria para la elaboración de posibles normas de información no financiera de la UE en el contexto de la la revisión de la Directiva sobre la presentación de informes no financieros.

La Disposición transitoria de la Ley 11/2018 prevé que, transcurridos tres años de su entrada en vigor, la obligación de presentar el estado de información no financiera será de aplicación a todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que tengan la consideración de entidades de interés público. Sin embargo, muchas pymes se ven en la necesidad de realizar su información no financiera al ser una exigencia de sus redes de proveedores.

A este respecto, el presidente del Consejo de Economistas, Valentín Pich, apostó porque las pymes reciban “las ayudas necesarias”, puesto que las pymes suponen el 95% de las empresas españolas y de ellas, un 99% cuenta con menos de diez trabajadores, lo que supone que de no existir unos estándares asociados a las características de las pymes, los costes pueden ser muy elevados. Así, defendió que se incluya una adecuada proporcionalidad para las pymes, debiéndose apostar por una serie de incentivos para que estas incrementen la elaboración de los estados de información no financiera.

Tanto la Directiva como la Ley española no son exhaustivas al respecto de los estándares a utilizar para la elaboración de la información no financiera. Si bien, las propias empresas han utilizado una normativa de referencia en la elaboración voluntaria de información no financiera: las normas emitidas por la Global Reporting Initiative (GRI). Las propias normas GRI justifican la gran importancia que tiene este tipo de información, y por lo tanto su revelación y verificación, dado el gran impacto que tiene la actividad empresarial en el empleo, la economía, el medio ambiente o la sociedad. Impactos que no sólo tienen por qué ser negativos, sobre los que se puede influir, sino que también se dan y es muy necesario comunicar e informar sobre los impactos positivos, principalmente desde el punto de vista socioeconómico en términos de bienestar, prosperidad, creación de empleo, generando infraestructuras para la educación, comunicaciones, relaciones sociales y para la comunidad, entre otros.

Pich, señaló ayer que el mercado es cada vez más exigente en materia de sostenibilidad y las pymes no pueden abstraerse de esta realidad, pero, para ayudarlas en este sentido, las normas sobre información no financiera han de estar necesariamente estandarizadas y ser claras y fiables”.

También, Pich señaló que es necesario contar con la complicidad de directivos y profesionales que ayuden a las empresas a elaborar y verificar sus estados financieros y no financieros. Y que no se busque únicamente el control. También, los ponentes mostraron un amplio consenso en la necesidad de revisar la directiva europea y destacaron la importancia de la armonización; puesto que la regulación europea ayudará a la homogeneización.