Es necesario y urgente medir las acciones de buen gobierno y de responsabilidad social

Desde el inicio de la pandemia del Covid-19 el tejido productivo y de servicios ha tenido que acelerar nuevas formas de actuación en todos los órdenes no solo para sobrevivir, sino, además, para ayudar a sus grupos de interés y a las personas más vulnerables de la sociedad. Ha sido una lección que aleja el cliché de que estas actuaciones tenían tan solo un barniz de bondad y responsabilidad, tras el que se escondían acciones puras y duras de marketing.

Y es en este aspecto en el que hay que destacar la importancia de que las actuaciones sean mensurables. Que no se queden tan solo en simples notas o en eventos preparados para mayor gloria de las sociedades. Por ello, es preciso compartir con los economistas el entusiasmo por las nuevas obligaciones de publicación de información no financiera. Ya son muchas las grandes empresas que exigen en sus cadenas de proveedores y clientes datos y compromisos que complementan los meros acuerdos comerciales. Incluso en la contratación con las Administraciones se van imponiendo criterios de buen gobierno, sociales y medio ambientales y de digitalización de las actuaciones.

Sin embargo, estas nuevas obligaciones no pueden tomarse de cualquier manera. Es preciso que se adopten de una forma gradual en el tiempo, exigiendo a las pymes únicamente requisitos dirigidos a la creación de riqueza y no simplemente a establecer nuevos controles administrativos, que supongan nuevos costes desmedidos a los que en la actualidad tienen que afrontar las empresas, que poco a poco se han ido convirtiendo en una parte más de la maquinaria de las diversas Administraciones. Este desarrollo normativo, impulsado por la Unión Europea debe ser proporcionado y claro, con el compromiso de que no se les deje quedar obsoleto, tal y como suele ocurrir con la legislación mercantil, laboral, medioambiental y urbanística.

Además, estas obligaciones informativas deben elaborarse con vistas a que sean las propias empresas las que las elaboren y no se vean en la obligación de subcontratar estos trabajos, porque una de las motivaciones de estas nuevas legislaciones es la concienciación de las propias organizaciones y si no existe una implicación directa será muy difícil que estas nuevas tendencias sociales cuajen en el espíritu general del colectivo empresarial, inversor y laboral del país.

Un buen ejemplo de esta necesidad de concienciación lo representan los gestores administrativos, que se han convertido en el Pepito Grillo de las Administraciones, al no solamente señalar las carencias que existen para facilitar la labor de profesionales y pymes, sino, además, para aportar las soluciones precisas para acabar con los vicios ocultos, y no tan ocultos, en su funcionamiento. Las Administraciones tienen que hacer un profundo análisis de su actual lejanía de la gobernanza que, por otra parte, son las encargadas de que se cumpla.