La transparencia informativa como medida de la responsabilidad social empresarial
La transparencia informativa hace referencia a aquellas organizaciones o personas jurídicas que han decidido diferenciarse de las demás, apostando como un valor esencial en su funcionamiento por su transparencia informativa, por qué cuentan la información que les afecta, y como desarrollan su actividad, en alguna manera la transparencia informativa juega como un valor de diferenciación. Es además un requisito para que personas y empresas puedan tomar decisiones autónomas basados en información veraz y suficiente.
Se trata, pues, de aportar los elementos necesarios para hacer posible el juicio público; en definitiva, una rendición social de cuentas sobre su actividad y en la que recogen aquellos aspectos esenciales de la misma, y en la que cabe explicar todas aquellas cuestiones que afectan a su modelo de negocio, donde puede incluir cualquier clase de información atinente a la empresa, desde informaciones relativas a su entorno empresarial, su infraestructura los mercados en los que ópera y sus objetivos a largo plazo, su relación con el medio ambiente y cómo operan con cuestiones relacionadas con su personal en el respeto a los derechos humanos y en su lucha contra el fraude y la corrupción entre otros muchos aspectos.
En este sentido, la primera obligación de una organización consiste en informar a la sociedad en la que se halla incardinada de sus actividades, a fin de que ésta pueda pronunciarse acerca de la legitimidad de su actuación y emitir el fallo correspondiente.
Constituye, en definitiva, una obligación informativa que, en la sociedad de nuestro tiempo, constituye una función cardinal de los entes colectivos formales y es el núcleo de la llamada responsabilidad social empresarial, cuestión que vamos a abordar a continuación.
Salvando las distancias algunos autores hablan de la transparencia como un derecho, y la proyectan sobre una serie de hechos, que vienen a constituirse como derechos de nueva generación como pueden ser, por ejemplo: el derecho a saber, mediante el cual los ciudadanos tienen derecho a saber que ocurre en el interior de los poderes públicos que están a su servicio; o el derecho a controlar, si se conoce la actuación de los poderes públicos es posible controlar la legalidad y la oportunidad de las decisiones que se adoptan, pudiendo saber además cómo se utilizan los fondos públicos y cuál es su destino; o el derecho de los ciudadanos a ser actores y no sólo espectadores de la vida política .
Estos derechos de tercera generación, también se proyectan sobre las personas jurídicas privadas, sobre las organizaciones, y sobre todo sobre las empresas, como soporte de buenas prácticas empresariales, que se conocen de manera habitual como “responsabilidad social corporativa”.
La denominada responsabilidad social corporativa (RSC) o responsabilidad social empresarial (RSE) y es una actividad voluntaria dirigida a mejorar la sociedad con el fin de mejorar la imagen corporativa y, de esta manera, el valor añadido de la empresa.
La transparencia empresarial busca aumentar la confianza entre quienes tienen relación con la empresa, ya sean los empleados, los clientes, los accionistas o los proveedores, y a través de la transparencia, la empresa hace saber a la sociedad cómo actúa, abriendo paso a posibles críticas o juicios de valor.
La vía de la transparencia es la comunicación, por lo que hay que potenciar el sistema comunicativo de la empresa tanto de manera interna como de manera externa.
Es importante tener en consideración que la sociedad actual está influyendo decididamente en el cambio de paradigma de la empresa, estimulando, incluso exigiendo, un comportamiento socialmente responsable, íntimamente asociado al principio de transparencia como mecanismo de control y generador de confianza.
Por ello, se puede afirmar que hoy en día, la transparencia informativa constituye un valor fiable del paradigma que supone la responsabilidad social corporativa de una organización.
A menor transparencia, los índices y valores que se contemplan con relación a dicha responsabilidad son ciertamente menores y de más escasa consistencia.
De ahí la importancia de los códigos de conducta como códigos constitucionales de las empresas, donde se apuesta decididamente por los valores éticos, como patrones básicos de comportamiento, entre los que se encuentran la transparencia informativa, o las normas relativas al buen gobierno.
Por ello, afirmaciones como estás cada vez tienen un mayor valor, tanto para los mercados como para los grupos de interés dentro del ámbito de cada una de las organizaciones, ya que, tal como señaló Clark, constituyen un indicador bastante elocuente e importante del nivel de responsabilidad social empresarial que tiene una organización, y al mismo tiempo, constituye un más que evidente reflejo de la conciencia que la misma posee sobre la sostenibilidad de su actividad, y la misión social que la misma ha de desempeñar.