Delgado lanza una instrucción contra la ‘okupación’ ilegal
La fiscal general del Estado reconoce que “algunas situaciones requieren de una acción específica”, pero deja fuera a los bancos y a los fondos de inversión
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado que dictará una instrucción para los miembros del Ministerio Público con órdenes sobre cómo actuar en casos de usurpación de viviendas, conocidos como okupación. La instrucción publicada este martes por la Fiscalía General para dar “inmediatez” a los desalojos de viviendas de particulares ocupadas olvida el lastre que supone para la inversión inmobiliaria la ocupación ilegal al no extender la petición del desalojo cautelar al supuesto de la usurpación de inmuebles que pertenezcan a bancos o fondos.
“La Fiscalía es una muestra documentada de la realidad en material criminal, y también es el reflejo de la sensibilidad de la sociedad a través de la percepción que se traduce en las propuestas legislativas que en ella se formulan”, ha explicado Delgado durante su intervención en el acto solemne de la Apertura del Año Judicial, presidido por el Rey, Felipe VI, en el Tribunal Supremo. Delgado ha añadido que en otras ocasiones no es preciso acudir a esas propuestas, “pues los diferentes fenómenos delictivos que preocupan a la población ya gozan de una respuesta suficiente en el ordenamiento jurídico”. No obstante, la fiscal General ha precisado que pese a estar ya reguladas, algunas situaciones “sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía”, y es en este contexto donde ha situado el dictado de la nueva instrucción sobre okupación.
¿Nueva ley?
Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) negocian un nuevo deshaucio express en los casos de ocupación ilegal de viviendas -los llamados okupas- que permita recuperar el inmueble en apenas 48 horas y no en 30 días como establece la normativa actual. El presidente del PP, Pablo Casado, aboga así por una Ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluya recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión y que facilite a la Policía poder echar a los okupas en un máximo de 48 horas.
El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido que es un asunto que debe abordarse de nuevo por el poder legislativo. “Este asunto no ha dejado nunca de ser motivo de preocupación”, señala. El ministro está abierto a acuerdos con el PP y Ciudadanos.
Aunque parte del Gobierno ha defendido que la legislación actual es suficiente, tal y como lo expresó la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Ejecutivo ha escuchado en este caso a la oposición y ha destacado las cifras, que reflejan un incremento del 5% de estos actos delictivos en el primer semestre del año.
Así, según ha publicado el diario ABC, el Ministerio del Interior estaría trabajando ya en un protocolo operativo para que Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con directrices comunes y respaldo jurídico ante una ocupación. Según el mismo medio, todavía no hay fecha para conocer este nuevo protocolo, pero el objetivo es tener las líneas maestras en las próximas semanas.
La normativa actual a la que se refiere el ministro de Justicia es la Ley 5/2018 de 11 de junio por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupación ilegal de viviendas, que entró en vigor el 2 de julio de 2018. Según explican los expertos de Legálitas, el objetivo de la normativa es que las personas físicas, las entidades sin ánimo de lucro y las administraciones públicas que se hayan visto privadas de sus viviendas sin su consentimiento puedan recuperar la posesión de estas de manera inmediata. Quedan excluidos de esta ley las entidades financieras y los fondos propietarios de casas vacías que hayan sido ocupadas. Uno de los motivos de esta reforma era poder terminar con las mafias de pisos.