Bruselas advierte a España del incumplimiento de leyes

La Comisión Europea pide al Tribunal europeo que obligue al país a responder por sus violaciones del Derecho Comunitario y que no evada sus responsabilidades.

La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que frene los incumplimientos de España de normativas comunitarias. Bruselas ha recurrido ante el TJUE contra las normas aprobadas en España a finales de 2015. A su juicio, estas normativas limitan la responsabilidad del Estado por daños causados al vulnerar el Derecho europeo.

El recurso ante el Tribunal, publicado el 17 de agosto en el Diario Oficial de la Unión Europea, exige “que se declare que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de efectividad y de equivalencia como límites a la autonomía de que gozan los Estados miembros cuando establecen las condiciones de fondo y de forma que rigen su responsabilidad por daños causados a los particulares en violación del Derecho de la Unión”. En concreto, Bruselas cuestiona los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, segundo párrafo, de la Ley 40/2015 y el artículo 67, apartado 1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015.

“Básicamente, la Comisión Europea considera que España modificó la normativa en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del Derecho de la Unión Europea, para intentar escurrir el bulto, endureciendo los requisitos para que proceda esa responsabilidad”, explica el fiscalista y abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting en Mallorca.

La Comisión Europea ya inició un procedimiento de infracción contra España, el 14 de junio de 2017,
-con el envío de una Carta de Emplazamiento- por considerar que esas nuevas normas en materia de responsabilidad del Estado vulneran el Derecho de la UE y la Jurisprudencia comunitaria. El Ejecutivo comunitario considera que estos preceptos “hacen que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE, lo que tiene una repercusión negativa en la efectividad del Derecho de la Unión Europea”.