Hacienda rebaja a 1.000 euros el pago en efectivo de empresas

La ministra Montero anuncia el anteproyecto de ley contra el fraude para reducir “a la mínima expresión” los pagos y garantizar la fiscalización de las criptomonedas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado la aprobación del anteproyecto de ley de medidas de prevención de lucha contra la elusión fiscal. Según la ministra, la intención del Ejecutivo es reducir “a la mínima expresión” los pagos en efectivo y, por ello, la norma limita a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas . A su juicio, estas medidas permitirán a la Agencia Tributaria recaudar 800 millones de euros adicionales.

En concreto el proyecto de ley contempla prohibir los softwares de doble uso que las grandes compañías utilizan para hacer una doble contabilidad y un mayor control sobre las criptomonedas. Además, actualizará la lista de paraísos fiscales y sus criterios. Por otra parte, prohíbe las amnistías fiscales y amplía la lista de deudores con la Agencia Tributaria, rebajando el umbral para ser incluida en ella del millón de euros de deuda a 600.000 euros e incluyendo en ella también a los responsables solidarios.

Montero, que recordó que el anteproyecto servirá también para trasponer una directiva europea, destacó que “la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad” para el Ejecutivo porque “no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades”, generando “competencia desleal” y “un deterioro” para las arcas públicas que, añadió, es más grave en estos momentos de pandemia. Así, la ministra indicó que el proyecto de ley busca intensificar la labor que viene haciendo la Agencia Tributaria, que el año pasado consiguió ingresar 15.715 millones de euros, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior, gracias a esta lucha contra la elusión fiscal.

Montero indicó en 2018, cuando inició este proyecto, que Hacienda mejorará la información que tiene sobre las criptomonedas mediante una nueva obligación fiscal para identificar a los titulares y los beneficiarios de estos medios de pago, así como los saldos correspondientes. Se obligará a quienes realicen operaciones con estas monedas virtuales a que informen sobre esta operativa y quienes las tengan en el exterior también deberán informar de ellas.