La necesaria reforma fiscal: premiar la riqueza productiva

En la línea de mis últimas colaboraciones, voy a continuar hoy reflexionando sobre la necesaria reforma de nuestro sistema tributario, centrándome en algunas cuestiones sobre fiscalidad empresarial que quedaron pendientes. Soy un ferviente defensor de la necesidad de promover y premiar la creación de riqueza. Las razones son muchas. Pero es obvio que, sin riqueza, es imposible aspirar a mayores cotas de prosperidad, a mejorar nuestra calidad de vida, ni a mayores recursos públicos.

Si la creación de riqueza se acompaña además de políticas de igualdad de oportunidades, de una verdadera y libre competencia y, de órganos reguladores que impidan la existencia de privilegios en el mercado, las desigualdades disminuirán y la recuperación de la clase media será una realidad. Premiar la riqueza exige poner el foco en donde ésta se crea, esto es, en las empresas.

Necesitamos empresas con “alma” y “calidad”; comprometidas con la sociedad y su entorno. Cuyo objetivo no sea solo el excedente, sino su contribución a la sociedad; al bien común. Al de sus trabajadores, clientes y proveedores.

¿Y qué tiene que ver la fiscalidad con esto?

Pues mucho. La fiscalidad debe premiar a la empresa, que de forma libre y voluntaria contribuya al bien común. ¿Cómo?

Si hemos dicho que necesitamos empresas de calidad, hay que apostar, primero, por empresas capitalizadas y saneadas. Por tanto, hay que premiar la capitalización de los beneficios, en la línea iniciada por la denominada reserva de capitalización y que permita reducir la tributación a las empresas que, con determinados requisitos, aumentan sus fondos propios.

Pero con ello no es suficiente. Hay que promover también que las empresas destinen sus beneficios, o mejor, una parte de éstos, a reinvertirlos en activos productivos generadores de mayor actividad y empleo. El premio, por así hacerlo, sería doble. La reducción de su tributación por capitalización y por reinversión.

El modelo a seguir, con los cambios necesarios, sería el actual Régimen Fiscal de Inversión canario.

El premio ha de ser mayor, si la reinversión se materializa en proyectos considerados estratégicos, como la digitalización, la reindustrialización, la internacionalización, la mejora de calidad, o la formación.

Hay que reflexionar también, que los trabajadores sean beneficiarios de una parte del excedente empresarial, contribuyendo así a mejorar su nivel de vida y a consolidar la necesaria clase media. En este sentido, es imprescindible recuperar el papel que Sindicatos y Patronales tenían antaño. La fuerza sindical y patronal es imprescindible.

En sentido contrario, hay que disuadir la tenencia de activos ociosos, la de sociedades patrimoniales, y el remansamiento ocioso de beneficios.

En contra, hay que premiar el reparto de dividendos, por ejemplo, hasta un porcentaje máximo de los beneficios (un tercio), reduciendo la tributación de las sociedades que así lo hagan. De esta forma, se evitaría el remansamiento de los mismos y se promovería la tributación IRPF-IS, hoy en estado crítico. Y hay que premiar también la colaboración público-privada. ¿Cómo? Veamos dos ejemplos.

Uno, promoviendo el alquiler social. Me explico. No se trata de que el Gobierno intervenga el mercado del alquiler, con regulaciones que tensan la relación propietario-inquilino y, que modifican las dinámicas del mercado. Se trata de premiar a quien, de forma libre y responsable, renuncia a un determinado precio de alquiler, en favor de otro propio del alquiler social, esto es, dentro de la horquilla de precios que las Administraciones fijen en cada caso. Quien así actúe, hay que premiarlo, porque con su compromiso contribuye a que los recursos públicos que se hayan de destinar a fomentar tales políticas sean menores.

Y dos. Las empresas que contribuyan a la construcción y alquiler de viviendas sociales hay también que premiarlas. Contribuir es reinvertir una parte de sus beneficios (por ejemplo, el 75 %) en su promoción y alquiler y, destinar un 25 % de aquellos a retribuir a sus accionistas. El premio es una reducción o bonificación del 95 % en el Impuesto sobre Sociedades. La colaboración público-privada exige sacrificios.

Uno, aceptar que, sin un mínimo de rentabilidad, la colaboración privada es inviable. Otro, que el sacrificio empresarial, es decir, la renuncia a parte de sus beneficios es la contrapartida del anterior. Y, el último, la relación win-win que genera la colaboración en términos de eficiencia y calidad. En definitiva, un necesario equilibrio en pro del bien común.

Y lo mismo cabe decir con quien se comprometa con la sostenibilidad del medio ambiente, la reducción de las brechas salariales y, un largo etcétera. Éste, en definitiva, es el marco de una fiscalidad social.

No dudo que, por su impacto económico, la ministra se alarme con estas propuestas. Pero lo importante no es el impacto a corto, sino el retorno a medio y largo plazo que para la sociedad tiene. Si se aumenta el nivel de vida, aumentará el consumo y los ingresos por IVA, IRPF y Seguridad Social, entre otros. Si la fiscalidad social prospera, la necesidad de recursos públicos es menor. Y si se promueve la riqueza, la menor recaudación se compensa con la que proceda del propio aumento de la riqueza.

Se trata, tan solo, de algunas ideas que hay que concretar y cuantificar bajo un mismo prisma: promover la riqueza productiva y disuadir la improductiva.