María Antonia Cruz Izquierdo, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid: “La legislación no estaba preparada para un grado extremo de paralización de la actividad económica”
La avalancha de ERTE ha sido uno de los mayores retos afrontados por el colectivo de graduados sociales a lo largo de su historia ante unas Administraciones bajo mínimos, unas empresas al borde de la desesperación y unos trabajadores ávidos de información. De todos ello hablamos con María Antonia Cruz.
¿Qué experiencia ha sacado el colectivo de graduados sociales de la tramitación de la avalancha de ERTE?
El Colectivo sí esta preparado para tramitar cualquier aspecto que esté relacionado con las pymes y autónomos, ya sea en un proceso laboral o en trámites fiscales. Hemos tenido que poner muchas horas de trabajo para suplir la no apertura de las Administraciones, teniendo a menudo que actuar con absoluta precariedad, casi desbordados, diligenciando incluso folios redactados a mano y fotos de Whatsapp para poder presentar toda la documentación de forma correcta y que no la “echasen para atrás”.
La solicitud masiva de desempleo, ha supuesto un gran trabajo de recogida de información. Las indicaciones por parte de las distintas Direcciones Provinciales del SEPE, se han ido modificando, lo que ha supuesto realizar doble trabajo por parte del profesional, para ayudar no solamente a las pymes y autónomos, sino también a los trabajadores que no sabían lo que tenían que hacer o a dónde acudir (o aun así no podían desplazarse).
La rápida adaptación a estos cambios evidencia los 80 años de experiencia y especialización del Colectivo, aun en épocas tan confusas y convulsas. Hay que aprender de esta experiencia que urge cambiar radicalmente el paradigma histórico, que parte de un sistema abocado a empantanarse entre contradicciones, plazos y recursos, y la oscura laguna de los silencios administrativos.
La operativa de la Administración tiene en conjunto que convertirse en la más dinámica y eficiente del país, ahora más que nunca, con una voluntad sin complejos, valiente y decidida, como condición imprescindible para la reconstrucción económica. Los Graduados Sociales han suplido las gestiones directas de empresarios y trabajadores, sirviéndoles como único canal efectivo de comunicación con la Administración, tramitando en tiempo récord y pese a las continuas modificaciones, ERTE, ayudas a pymes y autónomos, aplazamientos y gestión tributaria, etc.
¿La legislación actual está siendo suficiente o muestra carencias importantes? ¿Es necesario flexibilizar los expedientes?
La legislación no estaba preparada para un grado extremo de paralización de la actividad económica que genere una situación de fuerza mayor generalizada. Pese a los cambios de la reforma laboral, en el Erte por fuerza mayor se sigue exigiendo un reconocimiento de que esta concurre, produciendo inseguridad jurídica por los márgenes de interpretación ante la situación de excepcionalidad y unos criterios vacilantes y cambiantes cada pocos días.
Que la Inspección tenga que emitir informe sobre la fuerza mayor, ralentiza el procedimiento inexcusablemente, lo que ha producido que en los primeros ERTE presentados hubiese contestación por parte de la Autoridad Laboral, pero que luego, según pasaban los días, no existiera, teniendo que acudir al silencio administrativo considerándolo positivo.
Vista pues la escasa concreción del desarrollo normativo especifico en esta materia, habrá que esperar una oleada de conflictividad laboral en esta situación extraordinaria, y ver las distintas resoluciones que den los Tribunales.
Desde mi punto de vista, sí es necesario flexibilizar los expedientes. Por un lado está la inseguridad de tener, a la vez y sin criterios claros y confiables a los que atenerse, ERTE aprobados y resueltos, denegatorios y otros sin resolución acogiéndose al silencio administrativo. Es evitable el retraso de tener que emitir un informe por parte de la Inspección de Trabajo y una resolución de la Autoridad Laboral.
Tramitar más de un millón de ERTE, produce por su supeditación a distintas resoluciones de diversos organismos un retraso inasumible en su resolución; lo que, unido a la falta de una ágil coordinación entre Administraciones, da lugar a frecuentes casos en que los trabajadores han cobrado la prestación por desempleo a causa del ERTE para luego denegarlo. Esto genera más trámites que se podían haber evitado si desde un primer momento todos los organismos y agentes sociales y profesionales laborales hubiesen hablado y gestionado todo conjuntamente.