Fahrenheit 451
En estos difíciles momentos en que a la pandemia se añaden unos efectos sociales y económicos muy acentuados no solo es legítimo, sino obligado, que cada Gobierno en su ámbito arbitre medidas para apoyar la reactivación de los sectores económicos más afectados. Así, a principios de este mes anunciaba Bruselas que preparaba un plan de recuperación económica de 1,6 billones, y que vendría protagonizado por la rehabilitación de viviendas y edificios públicos y el impulso a las energías renovables.
En nuestro país esta línea será compartida por todas las Administraciones por medio de medidas de estímulo económico, salidas de sus presupuestos, pero también con acciones normativas que también tendrán en el sector de la construcción un escenario relevante, algo que ya han reclamado los agentes del sector como el Consejo Superior de los Arquitectos de España (CSAE).
Una de las voces que ya se ha dejado oír en este sentido ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, quien ha anunciado una innovación urgente de su normativa urbanística “con el objetivo de reactivar a la mayor celeridad la situación económica de la región” y concretado en tres grandes líneas: 1) Liberalizar suelo, una mención que hacer temer una resurrección de los fantasmas generados por la Ley 6/1998, “del todo urbanizable” de Aznar, una norma que coadyuvó a una de las mayores escaladas del precio de la vivienda que ha sufrido nuestro país. 2) Hay que “dejar atrás la limitación del precio de la vivienda”, lo que parece apuntar directamente a la ya de por sí crónica situación de la vivienda protegida desde la eliminación, allá por 2013, de las ayudas a ésta. 3) La supresión de “todas las licencias urbanísticas” sustituyéndolas por declaraciones responsables, aludiendo a los plazos de “hasta 12 meses” que pueden tardar aquellas en ser emitidas.
Respecto a esta última propuesta, es preciso recordar que la figura de la declaración responsable se traspuso a nuestro Ordenamiento desde Europa en 2009, y hoy está prácticamente presente en todas las normativas urbanísticas para las actuaciones de menor entidad. Ahora parece que se pretende extender el modelo a toda actuación, como podría ser, por ejemplo, la ejecución de un estadio de fútbol, de un centro comercial o de un gran edificio de viviendas. En estos casos, podría iniciarse la ejecución de la obra bastando con que su promotor presentase ante el Ayuntamiento correspondiente una declaración responsable que justificase, unilateralmente, la adecuación de su proyecto a las exigencias normativas de todo tipo, no sólo urbanísticas sino también otras como la de eficiencia energética, incendios, seguridad y salud, accesibilidad, etc.
Desde ese momento, con las obras en ejecución y en un breve plazo (de días por lo general) debería reaccionar el Ayuntamiento si observase errores, inexactitudes, carencias o cualquier otra circunstancia anómala en la (responsable) declaración efectuada. Y aquí vienen las dudas.... ¿Cómo puede reaccionar ante esas anomalías en días una Administración a la que se achaca el que pueda tardar hasta un año en otorgar una licencia? Lo normal será pensar que no esté en condiciones de hacerlo... ¿Qué sucede entonces? ¿Se asume sin más el proyecto o se paraliza hasta que se aclare o corrija lo incorrecto? ¿Quién asume el coste de dicha corrección? Por supuesto será el declarante (responsable) pero ¿será para éste asumible el coste? ¿Ayudará este proceder a los declarantes, confiados en haber actuado conforme a la norma procedimental, pero sometidos a la inseguridad de una revisión, sustantiva y a posteriori, de su proyecto? ¿Y si la Administración no se pronuncia?
El Texto Refundido de la Ley de Suelo sienta que “en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística” ...
La Decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, Belén Hermida, ya ha manifestado sus dudas respecto al anuncio y ha abogado, de principio, por una postura más prudente que limite a ciertos supuestos el recurso a la figura de la declaración responsable. Una (de)limitación que, por otra parte, ya está presente en la regulación de ésta en la Ley de Bases de Régimen Local que refiere a “razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad” ¿Acaso han desaparecido estas razones que han llevado, hasta el momento al menos, a que la práctica totalidad de las legislaciones urbanísticas de nuestro país mantengan la figura de la licencia de obras? ¿No recaban ya éstas la necesidad de un control del proyecto que asegure que el mismo es acorde con esos valores? ¿Qué ha cambiado? ¿Únicamente la situación económica por los efectos del Covid-19?
La Decana aludía a valores tales como el del control del intrusismo profesional y el de la seguridad jurídica que fundamenta la concesión de una licencia como acto, no constitutivo, sino declarativo de derechos ante la concurrencia de aquellos valores de primer orden. Pero es que esa seguridad jurídica se traslada también a términos económicos como los que dice perseguir Ayuso: ¿Qué requisitos va a exigir una entidad financiera ante proyecto de entidad no avalado por licencia y sometido al riesgo de una eventual paralización de su ejecución? Lo mismo puede decirse de las aseguradoras tanto de los técnicos redactores del proyecto como de las obras.
La declaración responsable ha demostrado ser útil, pero no para todo ni a costa de todo. Se puede empezar por derogar las licencias y pedir acabar con proyectos como los de urbanización o incluso, por qué no, con las evaluaciones ambientales (atentos al reciente decreto ley murciano de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de medio ambiente). Si lo que se persigue es acortar plazos excesivamente dilatados a la hora de otorgar una autorización de por si necesaria, examínense los procedimientos y actúese sobre trámites superfluos o innecesarios, dótense de medios materiales y humanos adecuados y suficientes a las Administraciones que hacen una labor precisa y coordínense las que sean concurrentes. Todo lo demás es quemar algo que es necesario.