El Tribunal de Karlsruhe, la política monetaria y el euro
Qué está pasando en la Justicia alemana? Cuando aún recordábamos la “peculiar” interpretación de la euroorden del Tribunal alemán de Schlewig-Holstein en el caso Puigdemont, ahora, el Tribunal Constitucional Federal alemán, con sede en Karlsruhe enmienda la plana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se pone a fiscalizar la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
Ambas decisiones judiciales son, como mínimo, cuestionables, pero, lo peor es que en ambas parece anidar la falta absoluta de respeto a las resoluciones judiciales de los órganos judiciales de otros países, o incluso de los internacionales. Si un órgano judicial espera que sus resoluciones se acaten y se cumplen, lo mínimo que puede hacer es respetar la jurisdicción de los demás órganos. Por ejemplo, si los tribunales de los demás estados miembros de la UE aplicasen los mismos criterios que el de Schlewig-Holstein, para cualquier delincuente, la estrategia más rentable para evitar la pena sería huir a otro país europeo aprovechando que, hasta ahora, no había controles fronterizos. Como veremos, en el caso de la última sentencia del Tribunal de Karlsruhe, las consecuencias de su resolución podrían ser mucho más graves.
Antes de entrar en otras consideraciones, hay que referirse a un principio fundamental del derecho: el cumplimiento de los tratados internacionales, como el de cualquier otro convenio, no puede quedar al arbitrio de una de las partes. En el caso del Banco Central Europeo, su fiscalización corresponde exclusivamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso viene establecido por los propios Tratados Europeos, que Alemania suscribió y ratificó como los demás Estados Miembros de la Unión Europea.
En diciembre de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la actuación del BCE, de la que luego hablaremos, era correcta, y se había ajustado a los Tratados Europeos. Cualquiera puede considerar, como lo hace el TC alemán, que la sentencia es “ininteligible” e “incompleta”. Pero lo que no se puede hacer, en ningún caso, es que, con esa excusa, se dicte una sentencia en sentido contrario, saltándose los mismos tratados que dan la exclusiva de la revisión de los actos del BCE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y todo esto, que ya sería objetivamente grave, en una cuestión crucial: el programa de compra de activos del BCE. Este programa, conocido como expansión cuantitativa, permitió relajar las primas de riesgo de los países periféricos y fue un instrumento fundamental para la salida de la crisis en el Sur de Europa. De hecho, ese programa permitió mantener la moneda única. Pero, aunque todo esto no se comparta, lo que es inviable es que el Tribunal Constitucional de cualquier Estado Miembro pueda fiscalizar por su cuenta y riesgo la política monetaria del Banco Central Europeo.
Aquí hay dos problemas particularmente preocupantes. En primer lugar, que podemos encontrarnos con resoluciones distintas y contradictorias. La segunda cuestión es que los tribunales no se pueden dedicar a hacer la política monetaria. Es un absoluto dislate que un Tribunal Constitucional ordene al Banco Central Europeo que demuestre la “proporcionalidad” de su programa de compra de activos. No ya es que estemos ante un atentado a la independencia de un banco central, sino simplemente que no podemos pretender que los programas financieros y su ejecución se decidan en la sede de los Tribunales Constitucionales. Y todo esto, aunque sólo sea porque los jueces saben de Derecho y no de política monetaria.
Aquí conviene traer a colación la opinión de Wolfgang Schauble, presidente del Bundestag (cámara baja alemana) y exministro de finanzas alemán durante ocho años (casi tanto tiempo como Cristóbal Montoro). Schauble está considerado un halcón, y reconocía estos días que como ministro de finanzas alemán, “respetando su independencia, no estuvo de acuerdo siempre con la política del BCE”. Sin embargo, Schauble considera que “La existencia del euro está siendo cuestionada en otros estados miembros de la UE, porque cada tribunal constitucional nacional puede juzgar por sí mismo”. Y también que, “ahora tenemos que hacer todo lo posible para reforzar el euro”. Son muy de agradecer este tipo de declaraciones, viniendo del Parlamento Alemán, y enfrentándose a la opinión de su propio Tribunal Constitucional.
Todo esto llega cuando el BCE está teniendo que volver a comprar deuda pública de los países periféricos ante la crisis del coronavirus. Si en este momento, el BCE lo que hiciese fuese vender en masa los títulos de deuda, Europa se enfrentaría a una catástrofe financiera. Si el Bundesbank se saliese del anterior programa de compra de activos públicos debería vender los títulos que ahora tiene. Esto es precisamente lo que le ha ordenado, en el plazo de tres meses el TC alemán al Bundesbank, si el BCE no justifica suficientemente, a su criterio, la proporcionalidad de su programa de compra de activos.
Esta orden tiene dos problemas gravísimos. En primer lugar, que pone al Banco Central Alemán, el Bundesbank, en una posición imposible. Porque, por los estatutos del BCE y los tratados, el Bundesbank debe ejecutar las órdenes del BCE en política monetaria, y el BCE no va a permitir que se vendan estos títulos de deuda.
Pero, si esto ocurriese, y aquí está el segundo problema, y el más grave, porque entonces, el precio de la deuda pública, especialmente la de los países periféricos se derrumbaría. Y esto supondría que aumentarían de forma drástica los tipos de interés de esos bonos. Si un bono de 1.000 da 30 de interés, su rentabilidad, es decir el coste para el emisor es del 3%. Si el bono sólo vale 500, entonces su rentabilidad es del 6%. Y cuando los estados miembros emitan, y ahora estamos emitiendo más que nunca, tendremos que pagar más tipo de interés. En fin, si esto se cumpliese, volvemos a la segmentación financiera, y al riesgo evidente de ruptura de la moneda única. Esto es un pésimo negocio para todos, pero eso no parece querer verlo el Tribunal Constitucional Federal Alemán.