Reforma de la ley de Administración Local
Recientemente la ministra de Política Territorial y Función Pública ha anunciado la intención de reformar durante esta legislatura la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) para mejorar la capacidad de las entidades locales así como la modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de manera que se pueda impulsar la autonomía local.
La reforma de la LRSAL ha sido objeto de distintos recursos al Tribunal Constitucional dando lugar a una intensa conflictividad dando lugar a un acuerdo de la mayoría de gobierno para que se apruebe una nueva LRSAL.
El eje de las modificaciones serán recuperar la autonomía local, lo más importante es apostar lo público en la gestión de los servicios locales, todo ello dentro de la autonomía local.
En cuanto a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se debe facilitar la cesión gratuita de suelo a largo plazo para fomentar el alquiler social.
No cabe duda que una de las finalidades de la reforma es poner en el mercado las famosas 20.000 viviendas. Es un paso más en la estrategia del Gobierno para impulsar el alquiler frente a la vivienda en propiedad.
También está presentado en el Congreso un proyecto de Ley de medidas urgentes por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, seguros privados , fondos de pensiones y vivienda. Importante seguir su desarrollo legislativo.
Uno de los temas más importantes de la reforma de la Administración Local se está centrando en las nuevas atribuciones del Estatuto Básico de los Pequeños Municipios, es una novedad que se incluye en la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, este proyecto busca que se produzca una mayor apego al territorio y que el famosos aforismo de la España vaciada se vaya corrigiendo poco a poco. De igual forma la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está actualmente reformando la LOTAU para mejorar la condición de vida de los ciudadanos con independencia del territorio donde residan y con una prestación de servicios públicos de calidad.
No cabe duda que la reforma de la Administración Local donde se incorpore una mayor autonomía local frente a las Comunidades Autónomas es uno de los temas pendientes en nuestro país desde los años 90.
En esta línea en el Boletin Oficial del Estado del 8 julio de 2020 pública un nuevo Decreto Ley en materia de recuperación económica en el cual establece en su artículo 31 del mismo dos formas de colaboración publica-privada para la promoción de lo que denomina alquiler asequible, o mediante concesión demanial o mediante derecho de superficie.
Ambos dos sistemas de colaboración han funcionado en nuestro país a lo largo de los últimos años con poco éxito. Fundamentalmente por las dificultades de gestionar luego las relaciones con los adjudicatarios de las viviendas .
Varios casos. El plan 18000 del Ayuntamiento de Madrid de principios de los años 90 recogía tres sistemas de adjudicación , en derecho de superficie ,modalidad 1 y 2 y la 3 era en derecho de propiedad, con el tiempo, y han pasado 30 años los dueños de la propiedad superficiaria han querido ser propietarios para ello se han tenido que arbitrar unos sistemas de los más”sui generis para poder transmitir la propiedad a los dueños de la propiedad superficiaria .
Operación Distrito Norte. Régimen de adjudicación , concesión administrativa, para que decir algo de la gestión. Como hay que desafectar los bienes se están buscando formulas alternativas para echar a andar cuando lo apruebe la Comunidad de Madrid.
Entre tanto se está trabajando a través de conjuntos inmobiliarios sobre la superficie del ámbito .
Los aparcamientos de residentes, mal llamados los PAR. Fue otra gran operación del Ayuntamiento de Madrid de aparcamiento de residentes bajo el régimen de concesión administrativa. 20 años después, no saben como hacer para pasarlos al régimen de propiedad privada y venderlos a los usuarios.
Habría que desafectarlos ya que es dominio publico y posteriormente enajenar las plazas a los usuarios. Mientras tanto , ¿quién paga los gastos de mantenimiento? ¿ Se han recuperado los cánones de las concesionarias devengados no pagados?
Podría seguir con más casos sobre el régimen de funcionamiento de lo público y privado pero tenemos que apostar por apuntalar con el derecho privado las relaciones de los adjudicatarios finales con la Administración.
Todo lo que no sea dejar muy claro las reglas del juego desde un principio es pan para hoy y hambre para mañana. A los hechos me remito.
¿Apoyar el alquiler social?, por supuesto, pero habría que buscar caminos mas seguros para que en el futuro no se den situaciones de difícil solución jurídica .
En ese sentido estoy seguro de que el Gobierno de España tomará las medidas oportunas para evitar que situaciones como las anteriormente expuestas no vuelvan a ocurrir, en aras a la seguridad jurídica de los ciudadanos.