‘In God we trust’

La emoción de estos días, causada por actos tan normales como abrazar a nuestros familiares o pasear y admirar la belleza de la naturaleza de nuestros paisajes, nos hace valorar esto de una manera muy especial, sentir el contraste de la dureza de lo vivido en esta pandemia y de los efectos de todo tipo que está dejando todavía: humanos, sociales y también económicos. Ya se ha dicho que la unión es imprescindible en la recuperación que debemos de afrontar: vamos a necesitar apoyo para superar la pérdida de un ser querido; como sociedad, vamos a tener que plantearnos cambios para responder a una nueva situación; y también hemos de arrimar el hombro para recuperar una economía seriamente afectada.

En estos objetivos, pero principalmente en el último, las Administraciones constituyen el primer sujeto de referencia, el que ha de avanzar “calando bayoneta” contra tan perversa situación, emprendiendo medidas en pos de la más pronta rehabilitación. Con esta meta, el Gobierno de Castilla-La Mancha, en línea con lo actuado por otras autonomías, ha propuesto una senda de medidas, normativas y programáticas, que tienen en la recuperación económica y social su común denominador.

La primera de esas medidas (en estos momentos en sede parlamentaria en forma de proposición de ley de los grupos parlamentarios socialista y ciudadanos) es la Ley de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha; la cual, como su propio nombre indica, parte de la definición de una serie de iniciativas empresariales a las cuales se les aplicarán, en atención a su carácter estratégico, generador de empleo o dinamizador de entornos rurales, una serie de incentivos de todo tipo dirigidos principalmente a procurar su más pronta y ágil implantación en el territorio. Pretende ser, por tanto, una Ley de estímulo, que sigue a otras iniciativas normativas ya puestas en marcha con estos fines, como son las ITI (inversiones territoriales integradas), pero que, a diferencia de éstas, pasan de generar incentivos económicos a introducir otros de orden procedimental con el ánimo de remover trámites administrativos que dificultan la más pronta implantación de esta serie de actividades.

En este sentido, la última modificación aprobada a principios de año de la Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP) para las actividades en el suelo rústico de Castilla-La Mancha supuso “una pica en Flandes” en pos de agilidad de establecimiento demandada por los operadores económicos y buscaba, al igual que la actual proposición de ley, flexibilizar los requisitos exigidos a tal fin, si bien aquella en un ámbito exclusivamente urbanístico y ésta última, hoy, en un ámbito más plural e integral.

La definición de los proyectos comprendidos en la Ley se plantea de un doble modo: Primero, sectorial, comprendiendo sectores denominados estratégicos, tales como: a) el sector primario; b) el sector de la energía; c) la economía circular; d) la industria agroalimentaria; e) la logística y los transportes; f) la industria aeronáutica; g) las telecomunicaciones; h) la atención a la dependencia; i) sectores relacionados con la prestación de servicios públicos en régimen de concesión o de autorización administrativa. Y, en segundo lugar, cualquier iniciativa que supere ciertos umbrales de inversión y generación de empleo, en cuantificación que será más laxa para territorios donde la población ha de ser aún más protagonista, como los rurales o aquellos en proceso de despoblación.

Sobre estos parámetros, la primera medida se ubica en la fase 0 de cualquier proyecto, previo incluso a planteamiento, y se basa en la orientación y acompañamiento en la propia redacción del mismo. Una unidad creada en el seno de la Administración regional apoyará a los emprendedores a conocer los requisitos administrativos, técnicos y jurídicos precisos para el correcto planteamiento de su iniciativa, abarcando cuantas cuestiones urbanísticas, ambientales, económicas y jurídicas, entre otras, requiera su planteamiento. Por otro lado, la Ley procura para estos proyectos una reducción general de plazos administrativos a la mitad de los establecidos en cada caso, en pos de la máxima agilidad que, desde sede legal, se reconoce al establecimiento de estos proyectos.

No obstante, la norma es consciente de lo limitado de los efectos de una reducción de plazos cuando concurren varios procedimientos (y competencias) trasversales en el proceso de implantación de actividades productivas; y es consciente a su vez de las limitadas facultades regulatorias del legislador autonómico en normativas tales como la ambiental, cosida desde instancias superiores.

Por ello procura articular medidas de concertación que palíen en la medida de lo posible estas dificultades, y lo hace configurando como órgano único informante a las Comisiones regional y provinciales de urbanismo, en las cuales se informarán los proyectos prioritarios desde una perspectiva integral: urbanística, ambiental, patrimonial y económica; y añadiendo la participación activa e imprescindible de los municipios afectados, garantizando así no solo su efectiva participación en el procedimiento sino también el aporte “de proximidad” que, en el ámbito de sus competencias y en el fiel conocimiento de su territorio, resulta igualmente inexcusable para el buen éxito de la iniciativa.

Culminada la instrucción, el siguiente efecto procurado por la Ley radica en la declaración del proyecto como prioritario, por cuanto ésta comporta, en caso de actividades en suelo rústico, el otorgamiento de la calificación urbanística, y en el caso de actuaciones supramunicipales el otorgamiento de la Declaración de Interés Regional (DIR). Con todo, la cuestión no radica sin más en su producción de un mero acto administrativo (declaración del proyecto como prioritario), sino también en sus efectos y, en concreto, en la ejecución de éste. A tal fin, una unidad de seguimiento empresarial, que ya actuó antes y durante la tramitación del procedimiento, hará seguimiento del proceso de implantación, acompañando también al promotor en todo cuanto pudiera acaecer.

En definitiva, la ley procura la orientación, acompañamiento y seguimiento de proyectos estratégicos para la región, en la conciencia de que una coalición con lo privado, bajo la batuta y tutela de lo público, solo puede arrojar réditos favorables y remover obstáculos al desarrollo, y supone tomar la iniciativa en pos de nuestro futuro sin abandonarnos a los designios de lo que haya de venir.