Demasiado ruido e incertidumbre en torno a los fondos Next Generation
LOS fondos Next Generation están acaparando la atención de la opinión pública, especialmente en el ámbito empresarial. No podía ser de otra forma, tratándose de una inyección desde Europa de 140.000 millones de euros para reconvertir la economía española hacia la digitalización y la transición energética. Pero lo que está trascendiendo no invita precisamente al optimismo respecto a la oportunidad que brindan estos fondos. Más bien todo lo contrario.
El reparto territorial de la ingente cantidad de dinero está levantando ampollas. El presidente de la Junta, en línea con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso -y en una estrategia nacional de partido para hacer de este tema casus belli-, ha amenazado ya con ir a los tribunales si se aprecia menoscabo respecto a lo que Andalucía considera que le corresponde (unos 20.000 millones). El consejero Rogelio Velasco apuntó recientemente que a estas alturas la Administración andaluza no tiene toda la información que quisiera sobre el reparto de los fondos.
La información tampoco está llegando a las empresas. Lo confirmaba un estudio publicado recientemente por Andalucía Económica. Muchos empresarios, cuatro de cada diez, admitían desconocimiento. Prospecciones al respecto de PwC coinciden: falta información, los empresarios temen que se prioricen proyectos a corto en vez de reformas estructurales, y denuncian una burocracia excesiva. Hasta el Gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, ha apuntado también que hay retrasos en la selección de los proyectos, excesiva complejidad y falta de coordinación entre Administraciones.
En estas condiciones, el fracaso es más que una posibilidad. En el primer gran reparto de fondos para la recuperación, 7.000 millones para ayudas a la solvencia empresarial, buena parte del dinero se ha quedado sin llegar al tejido productivo por las laberínticas condiciones impuestas por el Real Decreto-ley 5/2021 del Gobierno central, pese a las advertencias de comunidades como Andalucía de lo que iba a suceder. La administración andaluza ha resuelto el 100% de las solicitudes que cumplían los requisitos, pero éstas sólo cubrían 665 millones de los 1.109 millones asignados. El pack digital tampoco ha arrancado con buen pie. Y va creciendo el clamor de que el dinero de los Next Generation no está llegando a las empresas, pese a que las transferencias a Andalucía superan ya los 1.800 millones de euros.
Las Administraciones públicas tienen ante si un reto histórico en términos de gestión. De eficacia. De sentido de Estado y de servicio público. Está en juego nada menos que la transformación del país. No se puede someter ese interés superior a juegos partidistas, a estrategias ventajistas. Aún se está a tiempo de encauzar el errático camino iniciado. Y lo primero es apagar con hechos el ruido y la incertidumbre en torno a los fondos Next Generation.