El atasco en los juzgados, un lastre para la recuperación

Un pleito en la jurisdicción civil o mercantil se revuelve de media en 11 meses, tiempo que se dobla si hay recurso y tiene que resolver la Audiencia Provincial

Los juzgados de Primera Instancia de Andalucía tardan de media en resolver un procedimiento 11 meses. En los Mercantiles la espera se eleva hasta el año y cuatro meses. Si hay recurso y tiene que resolver la Audiencia, son 11 meses más de media. Son los datos que aporta el portal jurídico Jurimetría, y que reflejan el atasco en los órganos jurisdiccionales andaluces, un mes de media más lentos que la media española. Un lastre en la recuperación económica. En la maraña judicial hay atrapados millones de euros en reclamaciones de cantidad, embargos, monitorios, indemnizaciones, normas urbanísticas denunciadas, etc.

El clamor de los profesionales de la Justicia ha estallado por la situación de los juzgados de lo Social de Sevilla, donde hay un órgano que tarda tres años y tres días de media en resolver -sobre el que ha alertado incluso el Consejo General de la Abogacía-, y otro está señalando ya para 2026. En el conjunto de la jurisdicción la media de tiempo en emitir una resolución es casi de año y medio (17 meses y 4 días), siempre según datos de Jurimetría.

Pero la acumulación de procedimientos es general en todos los juzgados con relevancia en temas económicos. Si está la administración de por medio, el pleito en lo Contencioso-Administrativo se va a 15 meses y seis días de media, con notable atasco en la sala del TSJA que entiende de estos asuntos.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial actualizados al cierre del tercer trimestre, los 120 juzgados de Primera Instancia de Andalucía tenían pendientes de resolver 159.385 asuntos. En todo el trimestre resolvieron algo más de 43.000. Aunque durante todo el año 2022 no les entrase ningún asunto, no lograrían ponerse al día hasta final de noviembre.

Los 15 Mercantiles tenían pendientes al fin del tercer trimestre del año 9.760, cuando en tres meses habían resuelto 1.910.

En la jurisdicción Social tienen pendientes 85.785 asuntos, con 12.176 resueltos en el trimestre. En la sala del TSJA, que resuelve menos de 1.300 asuntos al trimestre, tienen 7.707 en cola.

Los juzgados mixtos de primera instancia acumulan 120.050 pleitos que resolver, con 33.338 resueltos durante el último trimestre.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, lleva años clamando contra la falta de medios. “Tenemos una justicia independiente y competente, aunque sin los medios y recursos óptimos”, dijo en septiembre pasado en la apertura del año judicial. “La sobrecarga de trabajo que soportamos y el déficit de medios, personales y materiales, no han de servir de excusa para minorar nuestro esfuerzo como servidores públicos y reflexionar sobre nuestros vicios o rutinas”, apostilló.

La esperanza en el mundo judicial está ahora en el buen aprovechamiento de los fondos del Plan de Recuperación New Generation EU para avanzar en la digitalización de la justicia y el despliegue de infraestructuras digitales básicas que aseguren la inmediación digital y el trabajo deslocalizado.

Y que se habilite un canal de atención a la ciudadanía y profesionales, con sistema de cita previa, todo ello en un entorno de ciberseguridad. A ello se suma la materialización del nuevo sistema de gestión procesal @driano, que se encuentra en fase de construcción e implantación, y su plena interoperabilidad.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, también destacó en la apertura del año judicial que “la implantación y despliegue de Adriano es una realidad, con experiencias pilotos que se están desarrollando” y confirmó que desde la Consejería se hará una apuesta por seguir trabajando en esa línea con la aportación de los fondos Next Generation. “La digitalización y posibilidad de celebrar vistas, como hemos demostrado en la pandemia, con medios digitales que van a ayudar mucho a aliviar la pendencia”, manifestó.

La Junta ha solicitado al Ministerio 12 nuevas unidades judiciales y tiene previstas inversiones de 15 millones de euros en un plan de choque que contribuya a desatascar la Justicia.