La Junta reactiva las obras y presenta su nueva Ley del suelo
La Consejería de Fomento pone en marcha contrataciones por 115 millones este mismo mes e inicia por vía de urgencia la tramitación de la LISTA, que refundirá dos leyes de ordenación urbanística andaluzas, pero reducirá un 30% su articulado.
La Junta quiere apretar el acelerador para facilitar que la obra pública y privada permitan tirar del carro de la recuperación. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige a granadina Marifrán Carazo, tiene mucho que decir en ese plan y por eso la pasada semana anunció importantes decisiones a corto y medio plazo. En lo más inmediato, la Consejería ha reactivado las mesas de contratación a los pocos días de levantarse por parte del Gobierno, el pasado 5 de mayo, la suspensión de los plazos de tramitación de los contratos de las entidades del sector público. Esto afectó a contratos de Fomento por importe de 213,5 millones. Esta paralización cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta el peso de la licitación de obra pública en Andalucía, que fue de 2.491 millones de euros en 2019, según datos de Seopan, 1.349 millones de ellos de la Junta.
Ahora, la Consejería reanuda este mes contratos por importe de 115 millones de euros, que permitirán la generación de unos 1.400 puestos de trabajo. Dentro de los contratos reactivados, figuran la ampliación de los metros de Sevilla y Granada, el Plan de Transporte Metropolitano de Córdoba, los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga; la ampliación de la carretera A-483 entre Almonte y la variante de El Rocío; o los trabajos previos a la puesta en servicio del tranvía de Cádiz, entre otros expedientes.
Además, los contratos para la ampliación del Metro de Málaga al Hospital Civil, la Autovía del Olivar entre Martos y la A-6051 (Jaén), un carril BUS-VAO entre Camas y Sevilla, la rehabilitación del puente en Villa del Río (Córdoba) o la mejora de la A-483 entre la variante de El Rocío y Matalascañas (Huelva) se retomarán en las próximas dos semanas.
La otra medida de gran calado presentada por la Consejería es iniciar la elaboración del anteproyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Esta ley, que suplirá a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio, “comparte la misma filosofía de reducción de la maraña administrativa del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva. En esta línea, derogará tres leyes y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones de 16 leyes y otros tres decretos”.
Según explica la consejera, Marifrán Carazo, a elEconomista, “se trata de flexibilizar el urbanismo, estableciendo reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual”. En ese intento de clarificar se aunará en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se reducirá el articulado en un 30%. Además, se adecuará el modelo de la clasificación del suelo a la legislación estatal.
La consejera recuerda que en estos momentos hay 496 municipios andaluces, de los 786 existentes, que están sin poder sacar adelante sus planes generales de ordenación urbanística porque están atascados en la maraña administrativa de esta ley, que ha sufrido hasta 11 modificaciones en 18 años.
Tanto el PSOE-A como adelante Andalucía han mostrado su rechazo tanto a la forma, por su tramitación por vía de urgencia, como al fondo de esta ley, que consideran que “favorece la especulación y abre la puerta a los intereses privados”.